El Gobierno de Estados Unidos buscará extraditar al juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por su presunta participación en un caso de corrupción judicial relacionado con el narcotráfico internacional. Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir un soborno de 2 millones de dólares para favorecer la liberación de un presunto operador criminal. El exjuzgador fue detenido el 1 de noviembre de 2026 en territorio colombiano. Cinco días después, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó que solicitará su extradición para que enfrente nueve cargos federales. La investigación señala que Benítez Alcántara habría utilizado su cargo para beneficiar a Andrew Clark, identificado como uno de los principales colaboradores de Ryan James Wedding. Este último es un exatleta olímpico canadiense señalado por encabezar una red internacional de tráfico de drogas.
Juez mexicano habría recibido 2 millones de dólares para liberar a narcotraficante
De acuerdo con la acusación estadounidense, el caso comenzó en octubre de 2024, cuando Andrew Clark fue detenido en México por señalamientos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.
Un mes después, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición. El procedimiento quedó bajo la responsabilidad de Luis Benítez Alcántara, quien entonces se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México.
Las investigaciones sostienen que Clark y sus intermediarios acordaron entregar aproximadamente 2 millones de dólares al juez para conseguir su liberación. El dinero habría sido transferido mediante terceros entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.
El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su excarcelación. Según la fiscalía estadounidense, ese mismo día recibió el pago acordado.
Sin embargo, Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
Estados Unidos acusa al exjuzgador de nueve delitos federales
El Departamento de Justicia informó que Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales relacionados con complicidad posterior a la comisión de un delito. Esta figura contempla ayudar a una persona para evitar su detención o castigo por actividades criminales.
La acusación formal sustitutiva fue presentada el 4 de septiembre de 2026. En caso de ser declarado culpable, el exjuez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.
La investigación involucra al Buró Federal de Investigaciones (FBI), autoridades del Departamento de Justicia y la Policía Montada de Canadá. También participaron autoridades colombianas en la localización y detención del exfuncionario.
El caso tiene conexiones con las investigaciones contra Ryan James Wedding, exintegrante del equipo olímpico canadiense de snowboard. Las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de una red internacional dedicada al tráfico de cocaína.
Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos. Su caso forma parte de las investigaciones sobre una estructura criminal con operaciones internacionales.
Tribunal mexicano confirma cuatro investigaciones administrativas contra el juez
La detención de Benítez Alcántara también generó nuevas revisiones dentro del sistema judicial mexicano. El Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que el exjuzgador tenía cuatro investigaciones administrativas abiertas por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El organismo aclaró que estos expedientes corresponden a quejas distintas de las acusaciones presentadas por Estados Unidos. También señaló que no tenía conocimiento previo de los señalamientos que motivaron su detención en Colombia. Tras conocerse el caso, el pleno del tribunal ordenó iniciar una investigación de oficio para revisar los nuevos elementos. Benítez Alcántara se desempeñó como juez penal federal desde 2018. Posteriormente, trabajó en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde ejercía funciones desde 2021. Ahora, el proceso dependerá de las actuaciones diplomáticas y judiciales para concretar la extradición del juez mexicano a Estados Unidos. Mientras tanto, deberá resolverse su situación jurídica en Colombia.
El caso también pone bajo investigación la presunta utilización de una resolución judicial para favorecer a un integrante de una red internacional de narcotráfico. No obstante, las acusaciones deberán acreditarse ante los tribunales y el exjuzgador conserva la presunción de inocencia.
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