El Poder Judicial de la Federación recibirá 72,264.70 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2027, un monto que en términos reales no representa ningún crecimiento frente a lo aprobado para 2026. La cifra, confirmada en los documentos de la Secretaría de Hacienda presentados este mes, deja al órgano judicial con 2,259 millones de pesos más en cifras nominales, pero sin margen adicional una vez descontada la inflación.
El ajuste llega en un año en el que el Poder Judicial —encabezado desde la reforma judicial por el ministro presidente Hugo Aguilar— había solicitado un incremento mayor para varias de sus áreas, y se da en paralelo a la discusión del Paquete Económico 2027, en el que Sheinbaum descartó subir impuestos.
El contexto no es menor: un gobierno que descarta nuevos impuestos para 2027 tiene, por definición, menos margen para repartir incrementos generosos entre todas las dependencias y poderes que dependen del presupuesto federal. El Poder Judicial es uno de varios actores institucionales que compiten por ese mismo espacio fiscal limitado, y el resultado de 72,264.70 millones de pesos sin crecimiento real refleja esa restricción tanto como refleja una decisión específica sobre el tribunal.
El número que importa: 72,264.70 millones de pesos
Del total asignado al Poder Judicial de la Federación para 2027, el 85.3% se destina al Órgano de Administración Judicial (OAJ), el brazo que concentra la operación de juzgados y tribunales en todo el país; 7.8% a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 5.2% al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y 1.7% al Tribunal de Disciplina Judicial, de reciente creación tras la reforma judicial.
Quién gana y quién pierde dentro del presupuesto
No todas las áreas del Poder Judicial tuvieron el mismo trato. El Órgano de Administración Judicial recibió 61,636 millones de pesos, un incremento de 0.9% real, el único de los cuatro rubros con crecimiento positivo. La Suprema Corte quedó con 5,628.9 millones de pesos, un aumento de 4.7% frente a 2026, pero muy por debajo del 12.7% que había solicitado: la diferencia entre lo pedido y lo asignado es de 475.6 millones de pesos.
El Tribunal Electoral, en cambio, tendrá 3,778.7 millones de pesos, una caída de 2.3% real, y el golpe más fuerte lo recibió el Tribunal de Disciplina Judicial, con 1,220.5 millones de pesos, 36.3% menos que el año anterior.
Lo que pidió la Corte frente a lo que otorgó Hacienda
La solicitud original de la Suprema Corte para 2027 buscaba un incremento de 12.7% real, apoyado en el argumento de que la reforma judicial de 2024-2025 incrementó las cargas de trabajo del tribunal sin un aumento proporcional de recursos. Hacienda terminó autorizando un crecimiento de 4.7%, menos de la mitad de lo pedido, dentro de un paquete económico que, según el gobierno federal, prioriza el equilibrio fiscal antes que las peticiones sectoriales.
El contraste es mayor si se compara con el proyecto de presupuesto de 2026, cuando la entonces ministra presidenta Norma Piña había solicitado un 17% de incremento: frente a esa cifra, la propuesta de 2027 implica una reducción de 13,695 millones de pesos, equivalente a 19% menos en términos reales.
Cómo llega este monto a convertirse en ley
Antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados, el monto asignado al Poder Judicial pasa por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde cada bancada puede proponer reasignaciones entre ramos antes de la votación final. En años anteriores, esa comisión ha sido el espacio donde se han movido montos entre el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y otros organismos autónomos, casi siempre a la baja para estos últimos. El proyecto que hoy se discute para 2027 todavía puede cambiar en ese tramo final del proceso, aunque el punto de partida —72,264.70 millones de pesos sin crecimiento real— ya está fijado por la propuesta de Hacienda.
La austeridad como argumento oficial
El propio Poder Judicial ha presentado el recorte como parte de una política de austeridad interna, que incluye la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para el personal y la reducción de 83 plazas administrativas. El ministro presidente Hugo Aguilar ha defendido esa postura en público, argumentando que la austeridad implica evitar el uso discrecional de los recursos públicos, aunque sin renunciar a las inversiones que considera necesarias para la operación de los tribunales.
Por qué este presupuesto importa más allá de los tribunales
El Poder Judicial llega a esta discusión presupuestal apenas un año después de la reforma que cambió la forma de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, un proceso que generó cargas administrativas adicionales —nuevos órganos, nuevos procesos de elección— que no necesariamente se reflejan todavía en el gasto aprobado. El resultado es un Poder Judicial que opera con una estructura distinta a la de 2023, pero con un presupuesto que, en términos reales, se mantiene prácticamente congelado.
El tema se inserta además en el debate más amplio sobre las finanzas públicas de 2027, el mismo que ha llevado al gobierno a estimar un crecimiento económico de hasta 2.5% para el próximo año como base de sus cálculos de ingresos.
El calendario que falta por cumplirse
El proceso presupuestal mexicano sigue un calendario fijo: el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, debe presentar el Paquete Económico a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre de años no electorales, y la Cámara tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Entre esas dos fechas es donde se negocian los ajustes finales entre poderes, comisiones y grupos parlamentarios, y donde el Poder Judicial tendría, en teoría, una última ventana para buscar modificaciones a los montos que hoy aparecen en el proyecto de Hacienda.
Ese mismo calendario es el que enmarca el resto del paquete económico de 2027, incluida la discusión sobre ingresos públicos que ya llevó a la Secretaría de Hacienda a descartar, según ha declarado el propio gobierno, nuevos impuestos para el año próximo.
Qué cambió con la reforma judicial
El presupuesto 2027 es el primero que opera bajo la estructura completa que dejó la reforma judicial de 2024: un Poder Judicial con ministros, magistrados y jueces elegidos por voto popular, y con un Tribunal de Disciplina Judicial que no existía antes de ese proceso. Esa reforma implicó, en los hechos, construir un órgano nuevo casi desde cero —con personal, reglamentos internos y procesos propios— mientras el resto del Poder Judicial seguía operando con la carga normal de juicios y resoluciones pendientes. El resultado es un tribunal que, según el propio reporte presupuestal, todavía está ajustando su tamaño: de ahí la caída de 36.3% en su presupuesto para 2027, que coincide con el fin de la etapa de instalación y el inicio de una fase de operación regular con una estructura más ajustada.
Lo que falta por resolver
El presupuesto que se discute todavía puede modificarse en la Cámara de Diputados antes de su aprobación final, el paso donde históricamente se han movido montos entre dependencias. El Poder Judicial no ha anunciado públicamente si impugnará el monto asignado o si buscará ajustes adicionales durante el proceso legislativo, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores con otros poderes presupuestalmente afectados.
Tampoco se ha aclarado todavía cómo se traducirá la reducción de 83 plazas administrativas en la operación diaria de los tribunales, ni si esa reducción se concentrará en áreas específicas o se repartirá de forma pareja entre las distintas sedes del Poder Judicial en el país. Son preguntas que previsiblemente se responderán conforme avance la discusión presupuestal en las próximas semanas, antes de la fecha límite del 15 de noviembre para la aprobación final del paquete completo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto presupuesto tendrá el Poder Judicial en 2027?
72,264.70 millones de pesos, 2,259 millones más que en 2026 en cifras nominales, pero sin crecimiento real una vez descontada la inflación.
¿Cuánto le tocó a la Suprema Corte?
5,628.9 millones de pesos, un aumento de 4.7% frente a 2026, muy por debajo del 12.7% que había solicitado el propio tribunal.
¿Qué órgano perdió más presupuesto?
El Tribunal de Disciplina Judicial, con una caída de 36.3% real, hasta 1,220.5 millones de pesos.
¿Qué medidas de austeridad aplicó el Poder Judicial?
La eliminación del seguro de gastos médicos mayores para el personal y la reducción de 83 plazas administrativas, según el propio tribunal.
¿Este presupuesto ya es definitivo?
No. Todavía puede ajustarse en la Cámara de Diputados antes de su aprobación final, el momento en que históricamente se han movido montos entre poderes y dependencias.
El presupuesto 2027 deja al Poder Judicial en una posición incómoda: con una reforma que le exige más capacidad operativa y un presupuesto que, descontando inflación, apenas se mueve. La definición final llegará hasta que la Cámara de Diputados vote el paquete completo, el mismo proceso en el que se decidirán los montos para el resto de las dependencias federales.
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