urgen a crear una Ley General para frenar crisis fiscal
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que las obligaciones de retiro absorberán cerca del 30% del presupuesto federal antes de 2040 si no se homologan los más de mil regímenes que operan en el país.
CIUDAD DE MÉXICO. — El pago de jubilaciones y programas de apoyo al retiro alcanzará un nuevo máximo histórico en México. En la antesala de la discusión en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, la Cámara de Diputados alista la aprobación de una partida cercana a los 2.5 billones de pesos destinados exclusivamente al gasto en pensiones, una cifra que ha encendido las alertas sobre la viabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Ante este panorama, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar planteó la urgencia de impulsar una reforma constitucional que desemboque en una Ley General de Pensiones, instrumento con el que se busca ordenar, transparentar y fiscalizar los más de mil esquemas de retiro diseminados en los tres órdenes de gobierno.
La presión en San Lázaro: Números que comprometen el gasto público
El debate presupuestal en el Palacio Legislativo de San Lázaro llega con un diagnóstico contundente: el margen de maniobra fiscal del Estado mexicano se está reduciendo con rapidez frente a los compromisos adquiridos con la clase trabajadora y la ampliación de los programas sociales.
De acuerdo con los datos presentados por el legislador, en el ejercicio fiscal de 2026 el desembolso total en pensiones contributivas y no contributivas se ubicó en 2 billones 323 mil 903 millones de pesos. Dicho monto equivale a prácticamente el 23% de todo el gasto programable federal y cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las proyecciones actuariales muestran un escenario aún más complejo. Si no se aplican ajustes estructurales de fondo, las obligaciones previsionales promediarán un 4.9% del PIB entre 2028 y 2032, y podrían devorar hasta el 30% del presupuesto de la federación antes del año 2040, desplazando recursos urgentes para salud, infraestructura, seguridad y educación.
Dos realidades: Los sistemas contributivos y el piso social del Bienestar
Uno de los ejes del análisis expuesto por Ramírez Cuéllar es la necesidad de separar con claridad las dos grandes vertientes que componen el desembolso estatal, pues obedecen a lógicas de fondeo e impacto social totalmente distintas:
1. Pensiones contributivas: El peso de las instituciones de seguridad social
Concentraron en 2026 cerca de 1 billón 704 mil 200 millones de pesos, con un crecimiento real moderado del 0.5% a tasa anual. En este bloque se encuentran las obligaciones contractuales y de ley asumidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y diversos organismos públicos.
En este terreno, el reto radica en la coexistencia de modelos antagónicos: regímenes de beneficio definido (generación de transición o Ley 73) frente a esquemas de cuentas individuales (Afores), con disparidades marcadas en sus tasas de reemplazo y costos finales que termina absorbiendo la Tesorería de la Federación.
2. Pensiones no contributivas: Expansión de la cobertura social
Este segmento sumó una asignación de 619 mil 703 millones de pesos, lo que representó un incremento real interanual del 13.5%. El crecimiento responde a la consolidación de derechos de rango constitucional diseñados para cerrar brechas de vulnerabilidad económica:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: Con cobertura universal a partir de los 65 años y una transferencia de referencia de 6 mil 400 pesos bimestrales.
Pensión Mujeres Bienestar: Esquema focalizado para mujeres de 60 a 64 años, con un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales en reconocimiento al trabajo de cuidados no remunerado.
Fondo de Pensiones para el Bienestar: Mecanismo complementario que aporta hasta 17 mil 885 pesos mensuales para compensar las bajas tasas de reemplazo de quienes cotizan bajo el régimen de cuentas individuales.
“Las pensiones no contributivas representan una conquista de justicia social incuestionable (…). Sin embargo, su consolidación permanente demanda reglas fiscales claras e ingresos recurrentes que aseguren su fondeo sin comprometer el equilibrio presupuestal”, subrayó Ramírez Cuéllar.
El laberinto burocrático: Más de mil sistemas sin supervisión homogénea
Más allá del volumen de capital que demanda el sistema, el núcleo de la advertencia legislativa apunta a la dispersión operativa. En México no opera un esquema de pensiones unificado, sino un mosaico de más de mil regímenes independientes a nivel federal, estatal y municipal.
Esta atomización abarca convenios contractuales en:
Universidades públicas autónomas estatales (muchas de ellas con pasivos laborales en situación crítica).
Poderes Judiciales locales y federal.
Cuerpos de seguridad pública, policías estatales, municipales y fuerzas armadas.
Gobiernos estatales y ayuntamientos con cajas de retiro independientes.
Organismos autónomos y descentralizados.
Cada uno de estos esquemas funciona con edades de jubilación distintas, requisitos dispares de cotización y montos de retiro que no guardan proporción con las aportaciones efectuadas en la vida laboral activa.
Hacia una reforma al sistema de pensiones en México
La propuesta que se buscará empujar tras la aprobación del Presupuesto 2027 plantea sentar las bases jurídicas para una transformación transversal. De acuerdo con el diputado, el Estado no puede continuar asumiendo compromisos financieros a ciegas ni postergando la consolidación de un sistema único de información.
“No podemos seguir administrando más de mil sistemas de pensiones con reglas distintas, sin información consolidada y sin conocer el tamaño real de las obligaciones que estamos asumiendo. Necesitamos un mandato constitucional que, además de garantizar derechos, permita establecer criterios comunes para todos los sistemas pensionarios y garantizar su viabilidad y sostenibilidad”, concluyó Ramírez Cuéllar.
La discusión anticipa un debate complejo en San Lázaro durante los próximos meses: conciliar la entrega irrestricta de beneficios para millones de adultos mayores con la contención técnica de un pasivo pensionario que crece al doble del ritmo de la economía nacional.
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