La auditoría al INE quedó en manos de una sola institución, según la presidenta Claudia Sheinbaum: la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su conferencia matutina del martes 3 de noviembre, la mandataria explicó que corresponde a la ASF revisar las contrataciones del Instituto Nacional Electoral y definir si hay elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades de la gestión de Guadalupe Taddei.
El anuncio llega después de varios días de presión política por el caso, que ya habíamos seguido en notas anteriores. Lo nuevo es el reparto de papeles: quién audita, quién denuncia, quién investiga y quién sanciona. Aquí está lo que dijo Sheinbaum, qué ya avanzó la ASF, qué pasa si aparece un delito y por qué la presidenta pidió que la revisión no se limite a un solo periodo.
Qué dijo Sheinbaum sobre la auditoría al INE
La presidenta planteó una ruta clara. Según la nota de Grupo Animal, Sheinbaum señaló que la ASF debe determinar, a partir de las auditorías a las contrataciones del INE, si existen elementos para denunciar ante la FGR. En palabras que recogió Quinta Fuerza: «Es importante que todos conozcan que la única que puede auditar al INE es la Auditoría Superior de la Federación».
El planteamiento llegó después de que medios como Latinus difundieran nuevos videos en los que se ve a la expresidenta del INE conversar con un proveedor sobre una presunta repartición de ganancias de contratos. Esos videos son parte de lo que se discute públicamente y no han sido resueltos por ninguna autoridad: lo que corresponde ahora es que la auditoría y, si procede, la Fiscalía determinen qué ocurrió.
Por qué la ASF y no la Secretaría Anticorrupción
Sheinbaum distinguió dos instancias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisa a las dependencias del gobierno federal. Los organismos autónomos, como el INE, no están bajo su revisión: los audita la ASF, que depende de la Cámara de Diputados.

La presidenta también recordó cómo se nombra al titular de esa institución. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, fue designado por la Cámara de Diputados con el respaldo de todos los partidos políticos. «¿Qué instancia nombra al auditor? El Congreso, la Cámara de Diputados, que por cierto en este caso fue un nombramiento por unanimidad», dijo, según Quinta Fuerza. Con ese argumento defendió que la denuncia corresponde a la ASF y no al Ejecutivo ni a los legisladores, como resumió La Jornada en su titular.
Para esta nota repasamos el contexto de las semanas anteriores. En octubre publicamos sobre el conflicto de interés en el INE que desató presión contra Taddei y después sobre la exigencia de Sheinbaum de investigar presunta corrupción en el instituto.
Qué ya avanzó la ASF en la revisión de las contrataciones
La presidenta se apoyó en el informe que el auditor superior presentó el viernes ante la Cámara de Diputados, donde dio cuenta de los avances de las revisiones al INE. Según Grupo Animal, ese informe incluye dos cosas:
- Se realizará una auditoría a las administraciones anteriores a 2023.
- Se fortalecerá la revisión que ya se había iniciado para el periodo de 2023 a la fecha.
Es decir, la ASF trabaja en dos tramos de tiempo. El primero es la gestión de Taddei, que empezó en 2023. El segundo mira hacia atrás, a los años en que se firmaron contratos de materiales electorales antes de esa fecha. Las fuentes consultadas no mencionan resultados publicados de ninguno de los dos tramos, de modo que cualquier conclusión sobre responsabilidades es prematura.
Nuestro seguimiento de la semana pasada, el INE frena contrataciones y pone bajo revisión la gestión de Taddei, muestra que el propio instituto también tomó medidas internas mientras avanzan las revisiones externas.
Qué pasa si la auditoría encuentra un delito
Sheinbaum describió el procedimiento paso a paso y lo resumió así: «Una vez realizada esa auditoría, pues si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa».

La ruta tiene tres etapas separadas:
- Auditoría: la ASF revisa las contrataciones y detecta posibles irregularidades.
- Denuncia: si hay un asunto penal, la ASF lo presenta ante la FGR. Si es administrativo, va al Tribunal de Justicia Administrativa.
- Investigación y sanción: la FGR investiga los posibles delitos y las instancias competentes sancionan, sin que nadie anticipe responsabilidades antes de que concluyan las revisiones.
La mandataria insistió en que, en caso de que haya una denuncia ante la FGR, será esa institución la que investigue. Y sostuvo que quienes hayan cometido actos de corrupción deben ser sancionados por las instancias que corresponden.
Una revisión que no se limite al periodo de Taddei
Uno de los puntos más comentados de la conferencia fue la petición de ampliar la mirada. Sheinbaum planteó que las investigaciones no deben limitarse al periodo de Taddei, sino abarcar las distintas administraciones del instituto. Su argumento: un grupo reducido de empresas concentró durante años los contratos para producir materiales electorales, y eso debe revisarse tanto en los procedimientos de contratación como en la participación de funcionarios y proveedores.
La presidenta mencionó que la concentración de contratos tiene antecedentes anteriores a la llegada de Taddei y cuestionó que las condiciones de contratación se mantuvieran durante la presidencia de Lorenzo Córdova. También recordó que Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General, que encabezaba Córdova, antes de asumir la presidencia del instituto nacional en 2023.
Se trata de una afirmación política de la presidenta, no de un resultado de auditoría. Lo que sí es un hecho verificable es que la ASF informó que revisará también las administraciones previas a 2023, de modo que esa ampliación ya forma parte del trabajo del órgano fiscalizador.
Prisión preventiva: «no se adelanten»
En el mismo tema, Sheinbaum pidió esperar los resultados de las auditorías antes de plantear medidas como la prisión preventiva contra Taddei. «Tiene que haber una investigación, o sea, no se adelanten», respondió cuando le preguntaron, y señaló que primero deben deslindarse responsabilidades y que corresponde a la Fiscalía determinar si procede alguna acción judicial.
La postura va en línea con el resto de su exposición: los videos y las acusaciones circulan en medios, pero las consecuencias penales dependen de una investigación formal. Las fuentes consultadas no reportan cargos formales contra Taddei.
Contratos de materiales electorales y las elecciones de 2027
La parte menos comentada del anuncio es la que mira hacia adelante. Sheinbaum planteó revisar los lineamientos de contratación para ampliar la participación de empresas en las licitaciones y fortalecer la capacidad de Talleres Gráficos de México para producir materiales electorales. El objetivo, dijo, es modificar el esquema de adquisición de estos insumos antes de las elecciones de 2027.
Esa propuesta abre un debate aparte. Que el Estado produzca más de lo que hoy compra a privados podría reducir la dependencia de pocos proveedores, pero también exige capacidad técnica y de producción para cubrir tirajes electorales en tiempos muy cortos. Por ahora se trata de una intención anunciada desde la conferencia matutina, sin detalles sobre plazos ni presupuesto.
Qué sigue en el caso del INE
Quinta Fuerza informa que los diputados todavía no llegan a un acuerdo sobre quién reemplazará a Taddei en la presidencia del instituto y que, según lo definido, deberá ser una mujer. El medio señala que la expresidenta dejó el cargo señalada por presuntos actos de corrupción en contratos con un proveedor. Mientras el Congreso decide el relevo, las auditorías de la ASF siguen su curso.
Los próximos pasos observables son tres: que la ASF publique resultados de sus revisiones, que se decida si presenta denuncias ante la FGR o el Tribunal de Justicia Administrativa, y que la Cámara de Diputados avance en el nombramiento de la nueva presidencia del INE.
Preguntas frecuentes sobre la auditoría al INE
¿Quién puede auditar al INE?
Según Sheinbaum, la única instancia que puede auditar al INE es la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisa a las dependencias del gobierno federal, pero los organismos autónomos, como el INE, son evaluados por la ASF, cuyo titular es nombrado por la Cámara de Diputados.
¿Quién decide si se presentan denuncias contra Taddei?
La presidenta dijo que corresponde a la ASF determinar, tras sus auditorías, si hay elementos para presentar denuncias. Si hay un asunto penal, se presenta ante la FGR; si es administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La FGR es la encargada de investigar cualquier posible delito. Las fuentes consultadas no reportan resultados de auditoría publicados.
¿La auditoría revisa solo la gestión de Taddei?
No. El auditor superior informó que se realizará una auditoría a las administraciones anteriores a 2023 y que se fortalecerá la revisión del periodo de 2023 a la fecha. Sheinbaum pidió además que se investiguen las distintas administraciones del instituto, incluidos los procedimientos de contratación y la participación de funcionarios y proveedores.
¿Habrá prisión preventiva para Taddei?
La presidenta pidió esperar los resultados de las auditorías y no adelantar medidas: «Tiene que haber una investigación, o sea, no se adelanten». Dijo que corresponde a la Fiscalía determinar si procede alguna acción judicial. Las fuentes consultadas no reportan una acusación formal.
¿Qué cambios propone Sheinbaum para el material electoral?
Propuso revisar los lineamientos de contratación para ampliar la participación de empresas en las licitaciones y fortalecer la capacidad de Talleres Gráficos de México para producir materiales electorales. La meta es modificar el esquema de adquisición de estos insumos antes de las elecciones de 2027. Por ahora es un planteamiento sin detalles de plazos o presupuesto.
Lo que queda por confirmar
La conferencia del 3 de noviembre no resolvió el caso, pero sí ordenó el procedimiento: auditoría de la ASF, denuncia ante la FGR o el Tribunal si hay elementos, e investigación por parte de las instancias competentes. Lo pendiente son los resultados de las revisiones, que serán los que permitan distinguir entre lo comprobado y lo que hoy son acusaciones y videos difundidos en medios.
Seguiremos esta historia conforme la ASF, la FGR o la Cámara de Diputados den nuevos pasos. Para quien quiera revisar los hechos por su cuenta, las fuentes de esta nota son la conferencia matutina y los informes de la cobertura de Grupo Animal y de Quinta Fuerza.
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