El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 17 nombramientos para organismos públicos locales electorales, pero dejó pendientes algunas posiciones. La decisión se tomó en medio de cuestionamientos de partidos políticos sobre los procesos de selección. Durante la misma sesión, el organismo anunció una revisión de contratos y procedimientos administrativos de la gestión anterior. Como parte de estas medidas, también suspendió nuevas contrataciones mientras examina posibles irregularidades. Los acuerdos se producen tras la salida de Guadalupe Taddei y el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta interina del instituto.
El INE aprueba 17 nombramientos y deja pendientes algunas posiciones
El Consejo General del INE aprobó 17 de los 24 nombramientos propuestos para distintos organismos públicos locales electorales. Entre las designaciones avaladas se encuentran las presidencias de los institutos electorales de Puebla y Colima.
Judith Lozano Pérez fue designada para encabezar el organismo electoral de Puebla. Por su parte, Óscar Omar Espinoza ocupará la presidencia del instituto de Colima. Ambos nombramientos recibieron diez votos a favor.
También se aprobaron designaciones para consejerías electorales en entidades como Chiapas, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.
Sin embargo, el Consejo General decidió retirar de la discusión los casos correspondientes a Guerrero y Oaxaca. Además, quedaron cinco posiciones vacantes: cuatro presidencias de organismos electorales locales y una consejería en Veracruz.
Las designaciones generaron inconformidad entre representantes de distintos partidos. Algunos solicitaron aplazar la votación al considerar necesario revisar las evaluaciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei.
Blanca Cruz suspende nuevas contrataciones y ordena revisar contratos
En la misma sesión, la presidenta interina, Blanca Cruz García, anunció que el INE revisará los contratos y procedimientos de contratación correspondientes a la gestión anterior.
La revisión abarcará acuerdos vigentes y contratos que ya concluyeron. También se examinarán los nombramientos de altos funcionarios y posibles responsabilidades administrativas.
Como medida preventiva, el instituto suspenderá nuevas contrataciones mientras realiza esta evaluación. El Órgano Interno de Control participará en el proceso para identificar posibles anomalías.
Además, el Consejo General acordó habilitar un mecanismo de denuncias anónimas. La intención es que los trabajadores puedan reportar posibles irregularidades sin revelar su identidad.
Uno de los contratos que ha generado atención supera los mil millones de pesos. Se trata de la producción de credenciales para votar, adjudicada a Cosmocolor en conjunto con Talleres Gráficos de México.
Alrededor de este procedimiento surgieron señalamientos sobre una posible colusión con empresarios vinculados a Alfredo Hernández. No obstante, estas acusaciones deben tratarse como señalamientos y no como hechos comprobados.
La revisión del INE ocurre antes de las elecciones de 2027
La revisión administrativa llega en un momento importante para el organismo. El INE ya se prepara para el proceso electoral de 2027, por lo que deberá garantizar la continuidad de sus funciones. Blanca Cruz señaló que cualquier medida derivada de las auditorías deberá evitar afectaciones a los servicios institucionales. Entre ellos se encuentran la expedición de credenciales para votar y la organización de elecciones. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones relacionadas con el manejo de recursos y las operaciones del INE y de los 32 organismos electorales locales. Las indagatorias contemplan posibles conflictos de interés, sobreprecios y otras prácticas que deberán comprobarse. La aprobación de nombramientos y la revisión de contratos colocan al instituto ante dos tareas simultáneas: cubrir posiciones clave en los organismos locales y revisar los procedimientos administrativos de la gestión anterior. Por ahora, el anuncio de estas medidas no confirma que existan responsabilidades legales. Los resultados de las revisiones determinarán si procede alguna sanción o rescisión de contratos.
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