Senadores de Morena y de oposición buscan que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explique las nuevas restricciones a la Modalidad 40 de pensiones. Los legisladores cuestionan la legalidad del acuerdo y advierten sobre sus posibles efectos en los derechos de los trabajadores. La discusión comenzó después de que el IMSS publicara nuevas reglas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 21 de octubre de 2026. Las disposiciones entraron en vigor al día siguiente y modificaron las condiciones de incorporación al esquema. El tema llegó al Senado ante las dudas sobre las facultades del instituto para aplicar estos cambios.
Senadores piden la comparecencia de Zoé Robledo por la Modalidad 40
El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, consideró necesario dialogar con las autoridades del IMSS para conocer el alcance de las nuevas disposiciones. También señaló que el Congreso debe intervenir si los cambios requieren modificaciones a la legislación vigente.
Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, coincidió en la importancia de convocar a Zoé Robledo. El objetivo es obtener información sobre las restricciones y sus posibles consecuencias para los asegurados.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota cuestionó el procedimiento utilizado por el instituto. A su juicio, el acuerdo podría contravenir el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Por ello, adelantó que propondrá una controversia constitucional contra los cambios a la Modalidad 40.
La legisladora también pidió que se investiguen los posibles fraudes sin perjudicar a quienes utilizan legalmente este esquema. Consideró que cualquier modificación de fondo debe discutirse en el Congreso.
Por su parte, el senador Óscar Cantón Zetina sostuvo que las nuevas disposiciones deben revisarse desde el ámbito legislativo. La convocatoria busca que el IMSS exponga sus argumentos antes de definir los siguientes pasos.
Qué cambia en la Modalidad 40 del IMSS en 2026
La Modalidad 40 del IMSS, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a determinados trabajadores continuar cotizando por su cuenta. Bajo las condiciones legales aplicables, este mecanismo puede ayudar a mejorar su futura pensión.
Antes de los cambios, los asegurados podían elegir un salario de cotización de hasta 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dentro de los límites del esquema. Las nuevas disposiciones introducen restricciones para quienes soliciten incorporarse a partir de su entrada en vigor.
Entre los principales ajustes destacan los siguientes:
- Límite del salario de cotización: las nuevas incorporaciones tomarán como referencia el último salario base registrado antes de la baja, más una UMA como máximo. El importe no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente.
- Fin de las incorporaciones retroactivas: el aseguramiento comenzará desde la fecha de solicitud presentada ante el IMSS.
- Protección para quienes ya estaban inscritos: las personas incorporadas antes de la entrada en vigor conservarán las condiciones contratadas hasta concluir el periodo correspondiente.
Los cambios buscan revisar el impacto financiero del esquema y atender posibles abusos. Sin embargo, sus efectos han generado preocupación entre quienes planeaban incrementar sus aportaciones para mejorar su jubilación.
Claudia Anaya plantea acciones legales por los cambios en las pensiones
La principal disputa jurídica se centra en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Este artículo reconoce la posibilidad de continuar voluntariamente en el régimen obligatorio bajo determinadas condiciones de cotización. Claudia Anaya considera que el acuerdo del IMSS modifica aspectos que corresponden a la ley. Por ello, anunció que propondrá una controversia constitucional por la reforma a la Modalidad 40. También recomendó a los trabajadores afectados valorar la posibilidad de promover amparos. Estas declaraciones representan la postura de la legisladora. Hasta el momento, no constituyen una resolución judicial que declare inválidas las nuevas disposiciones.
El Senado busca conocer los fundamentos legales y financieros de la decisión. La comparecencia de Zoé Robledo o de otro representante del instituto podría contribuir a aclarar las dudas sobre su aplicación. Para los trabajadores próximos a jubilarse, el cambio puede tener consecuencias importantes. Quienes ya estaban inscritos y quienes buscan incorporarse por primera vez enfrentan condiciones distintas. Por ello, conviene revisar la situación individual y las reglas aplicables antes de tomar decisiones sobre las aportaciones. La discusión podría derivar en propuestas legislativas o acciones judiciales. El siguiente paso será determinar si las restricciones se ajustan a la ley y cómo se protegerán los derechos de los asegurados.
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Fuente oficial
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