El gobierno federal construirá seis nuevos penales en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios. Lo anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del martes 13 de octubre de 2026.
El anuncio llega una semana después de las riñas en el penal El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 internos muertos y una decena de heridos. El primero en construirse será el de Sinaloa, con recursos federales y capacidad proyectada para 2 mil 640 personas.
Esta nota resume dónde estarán, cuánto costarán en términos de capacidad, qué modelo promete el gobierno y qué dudas siguen abiertas. Los datos provienen de El Universal, El Financiero y Expansión.
Dónde estarán los seis nuevos penales
Los centros se ubicarán en seis entidades: Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Harfuch explicó que el proyecto se desarrollará en coordinación con los gobiernos estatales, y que la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se apoyará a los estados donde la población de reos ha aumentado.
La capacidad total proyectada es de 18 mil 480 personas privadas de la libertad. Como el de Sinaloa tendrá 2 mil 640, quedan unos 15 mil 840 espacios para los otros cinco. Es un cálculo por diferencia, porque las fuentes no publicaron la capacidad individual de cada penal.
Sobre los plazos hay dos versiones. El Universal indica que se prevé terminarlos aproximadamente en 2028, mientras que El Financiero habla de construirlos en los próximos dos años. Ninguna fuente dio fechas por penal.
Por qué se anuncian ahora: la riña de Mazatlán
El detonante fue la violencia en El Castillo, el penal de Mazatlán. Según El Informador, las autoridades atribuyen el hecho a la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza. El saldo fue de 12 internos fallecidos y alrededor de diez lesionados.
Mientras se construye el nuevo centro, el penal de Mazatlán está reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y de su órgano de Prevención y Reinserción Social. Harfuch ubicó la obra dentro de una estrategia integral para Sinaloa, que incluye fortalecer a la policía estatal y a la fiscalía.
El nuevo penal no resuelve de inmediato lo ocurrido en El Castillo. Hasta que se termine, la contención depende del refuerzo federal, de los traslados y de lo que logre avanzar la policía estatal, que sigue en proceso de fortalecimiento según el propio secretario.
En la misma entidad, el Ejército tiene personal comisionado a la policía estatal mientras esta mejora sus capacidades. Para el contexto de lo ocurrido, pueden leer la nota sobre el nuevo penal en Sinaloa, donde se explicó qué se sabía tras lo de Mazatlán.
El nuevo modelo: seguridad, clasificación y reinserción
Los seis penales tendrán infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales. También incluirán módulos diferenciados para clasificar a los internos según su perfil y su nivel de riesgo.
El objetivo declarado es que el Estado mantenga el control efectivo de los centros y que las organizaciones criminales no puedan seguir operando desde su interior. Harfuch añadió que el sistema debe ayudar a reducir la violencia y combatir la impunidad.
La clasificación por perfil y nivel de riesgo es una herramienta común en los sistemas penitenciarios para evitar que grupos rivales compartan el mismo espacio. El gobierno no dijo que ese sea el origen de lo ocurrido en Mazatlán, pero los módulos diferenciados apuntan en esa dirección: controlar quién convive con quién dentro de cada centro.
El plan suma espacios para educación, trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas. Sheinbaum precisó que estas cárceles no serán operadas por empresas privadas, sino por la Secretaría de Seguridad federal o por las autoridades de cada entidad.
Sobrepoblación: la razón de fondo que dio Sheinbaum
La presidenta defendió la decisión con dos argumentos. El primero son los derechos humanos, aunque algunos crean que los detenidos no tienen derechos, y el segundo la seguridad, porque la sobrepoblación genera problemas cuando se mantiene el mismo número de custodios.
Sheinbaum señaló que desde el inicio de su administración han sido detenidas alrededor de 70 mil personas, lo que elevó la población en algunos centros penitenciarios. Por eso, dijo, se decidió apoyar a los estados con nuevas instalaciones.
El problema no es nuevo. En esta nota sobre el sistema penitenciario, publicada hace año y medio, se analizó la situación del sistema penitenciario del país. Hoy el gobierno responde con obra, que según las fuentes tardará hasta 2028.
Liberar a procesados por delitos menores: la otra mitad del plan
La estrategia no se limita a construir. El titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, explicó que se revisarán casos de personas privadas de la libertad, en particular en el Estado de México, para valorar si hay condiciones de liberación en delitos menores.
El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, agregó que, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia, se analizan alternativas legales y la posible liberación de personas procesadas por delitos menores, para equilibrar el sistema. El Financiero lo presenta como una medida enfocada en el Estado de México.
Por ahora no hay cifras de cuántas personas podrían beneficiarse ni un calendario. Se trata de un análisis jurídico en curso, no de una decisión tomada.
Traslados, reacción penitenciaria y quejas de derechos humanos
Harfuch informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026 se hicieron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad para reducir riesgos y reforzar el control. Destacó nueve operativos en Sinaloa realizados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.
El funcionario recordó que esta administración creó la Unidad de Reacción Penitenciaria, que da apoyo a los estados en situaciones de riesgo, y que el Sistema Penitenciario Federal se reforzó con 1 mil 192 elementos.
Hay otro dato incómodo. Según respuestas por transparencia citadas por El Informador, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa recibió cuatro quejas sobre El Castillo en 2024 y 13 entre 2025 y lo que va de 2026, es decir, se triplicaron antes de las riñas. Sobre la violencia en el estado también puede consultarse la nota sobre las sanciones del Tesoro al Cártel de Sinaloa.
Qué falta por saber de los seis nuevos penales
Quedan al menos cuatro vacíos. No se informó el costo total ni el de cada obra, y Sheinbaum dijo solo que Hacienda trabaja en la manera de financiarlas. Tampoco se publicó dónde exactamente se construirá cada centro.
Además, falta conocer cuántos custodios y qué presupuesto de operación tendrán, algo decisivo si el problema de fondo es mantener el control. Y no hay calendario por entidad, solo la meta general de uno a dos años o hasta 2028, según la fuente.
Hay tres señales que ayudarán a medir si el anuncio avanza: la publicación de los terrenos y de los contratos de obra, la inclusión de recursos en el presupuesto de 2027 y el anuncio de cuántos custodios se contratarán. Sin esos elementos, la cifra de 18 mil 480 espacios sigue siendo una meta.
Habrá que seguir las conferencias de la Secretaría de Seguridad para ver cuándo arrancan las obras. Si hay nuevos datos, esta nota se actualizará.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se construirán los seis nuevos penales?
En Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Lo anunció Omar García Harfuch en la conferencia matutina del 13 de octubre de 2026. Las fuentes no precisaron en qué municipio ni terreno se edificará cada uno, salvo que el de Sinaloa será el primero y se financiará con recursos federales.
¿Cuántas personas cabrán en los nuevos centros penitenciarios?
La capacidad total proyectada es de 18 mil 480 espacios. El de Sinaloa tendrá 2 mil 640 lugares. Las fuentes no dieron la capacidad individual de los otros cinco, de modo que cualquier reparto por entidad sería una estimación.
¿Cuándo estarán listos?
El Universal indica que se prevé concluirlos aproximadamente en 2028, y El Financiero habla de los próximos dos años. No se anunció un calendario por penal. El financiamiento sigue en estudio de la Secretaría de Hacienda.
¿Los operarán empresas privadas?
No. Sheinbaum aclaró que no serán operados por privados, como ocurrió en el periodo anterior, sino por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal o por las autoridades de las entidades. Esa fue una de las precisiones más claras del anuncio.
¿Habrá liberaciones de presos por delitos menores?
Se analiza. Trevilla dijo que, con la Consejería Jurídica de la Presidencia, se evalúan alternativas legales y la posible liberación de procesados por delitos menores, y el titular de Prevención y Reinserción Social habló de revisar casos, en particular en el Estado de México. Aún no hay cifras ni una decisión.
Una obra que tardará años y un problema inmediato
Los seis nuevos penales buscan aliviar la sobrepoblación y recuperar el control de las cárceles, con un modelo que combina alta seguridad y reinserción. El de Sinaloa será el primero, con 2 mil 640 lugares.
Mientras tanto, el reto está en los centros que ya existen. Los traslados, el refuerzo de Mazatlán y la revisión de casos menores serán la parte del plan que se note primero. La obra, en cambio, tardará hasta 2028.
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