La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional con 22 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. Este cambio traslada a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. También le otorga funciones de investigación, inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones, siempre con autorización judicial. La iniciativa define a la Guardia Nacional como una fuerza permanente de seguridad pública. Integrará personal militar con formación policial. Su titular deberá tener rango de general de división y será designado por el Presidente.
Debate y posturas enfrentadas sobre la Guardia Nacional
El PAN y el PRI denunciaron la militarización de la seguridad. Aseguraron que el dictamen concentra poder en la Sedena y pone en riesgo las libertades civiles. La diputada Paulina Rubio (PAN) advirtió sobre abusos. Morena, PT y PVEM defendieron la propuesta. Hugo Eric Flores (Morena) sostuvo que la oposición nunca creó una fuerza civil sólida. Ricardo Mejía (PT) criticó el modelo de seguridad anterior, al que calificó de corrupto. Durante tres horas de debate, se discutió el mando civil. Morena aseguró que la Guardia seguirá bajo control de la Presidencia. La oposición pidió contrapesos y supervisión parlamentaria.
Implicaciones y próximo paso
Con la ley aprobada en comisión, el dictamen va al pleno de la Cámara de Diputados. Ahí se definirá si se convoca a un periodo extraordinario. De aprobarse, la reforma entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. La Guardia tendrá atribuciones en zonas fronterizas, puertos, carreteras y puntos migratorios. Podrá celebrar convenios con estados y municipios para acciones continuas de seguridad. Cada febrero, el Ejecutivo entregará un informe anual de actividades al Senado. Este control parlamentario busca garantizar transparencia.
Guardia Nacional
La nueva Ley de la Guardia Nacional redefine el papel del Ejército en seguridad pública. Para el oficialismo, es un paso necesario contra el crimen organizado. Para la oposición, implica un avance de la militarización y la concentración de poder. El debate en el pleno de San Lázaro decidirá el futuro del ordenamiento.
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