El gobierno de México ha intensificado su ofensiva legal contra Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra, solicitando a una jueza en Florida que los declare culpables sin juicio por corrupción y lavado de dinero. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ambos transfirieron ilegalmente millones de dólares a Estados Unidos, provenientes de contratos corruptos celebrados durante la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública.
México exige sentencia sin juicio a García Luna y Cristina Pereyra
En una moción formal ante la Corte del 11° Distrito Judicial en Florida, la UIF pidió que se declare en rebeldía a García Luna y su esposa por no comparecer en el proceso iniciado en 2021. Los abogados sostienen que, al no responder, los acusados admiten tácitamente los hechos. Esta estrategia legal permitiría a México recuperar bienes adquiridos con fondos públicos desviados y exigir una reparación por el daño causado. Los señalamientos son contundentes: más de 250 millones de dólares habrían sido obtenidos de manera ilegal mediante contratos amañados y sobornos, canalizados hacia propiedades y empresas en Miami-Dade, Florida.
Esposa de García Luna también bajo la lupa por lavado de dinero
Cristina Pereyra no solo aparece como beneficiaria de estos recursos, sino también como parte activa en su inversión y ocultamiento. A pesar de haber tenido representación legal inicial, su abogado se retiró en 2023 y desde entonces ha evitado presentarse a las audiencias, lo que fortalece la petición de México para una sentencia directa por incumplimiento. Mientras tanto, varios codemandados han optado por acuerdos. José Francisco Niembro, exsubsecretario de Seguridad, y su esposa aceptaron pagar $330,000 dólares como reparación. Otros involucrados, como los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, siguen negociando para evitar el juicio.
UIF busca recuperar millones y reforzar el combate a la corrupción
La solicitud mexicana es clara: se debe condenar a García Luna y a Pereyra sin más retrasos, y fijar una audiencia para presentar pruebas del daño económico. El caso ha generado alta expectativa, tanto por su alcance económico como por lo que representa en la lucha contra la corrupción en altos niveles del gobierno. Cristina Pereyra, actualmente con orden de aprehensión en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, sigue residiendo en Estados Unidos. El gobierno mexicano continúa trabajando en su solicitud de extradición.
Conclusión
El caso de García Luna y su esposa es un ejemplo contundente de cómo México intenta recuperar el control sobre recursos públicos saqueados durante años de impunidad. De confirmarse la sentencia sin juicio, sería un hito legal que refuerza el compromiso del país con el combate al lavado de dinero y la corrupción. La presión sobre Florida aumenta, y con ello, la posibilidad de que se haga justicia en ambos lados de la frontera.
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