Despojo de tierras en Álamo Temapache, Javier Quintana Núñez denunció el despojo de 22 hectáreas de la Ex Hacienda Chapopote. El Viernes Santo por la noche, unas 120 familias ocuparon el terreno que sus hijas heredaron tras un siglo de propiedad familiar.
Invasión de predios y reclamos de los ocupantes por despojo de tierras
El “Movimiento de Liberación Veracruzana” instaló carpas y casas de campaña junto a la carretera Álamo‑Potrero del Llano. Su argumento: alegan necesitar vivienda y sostienen que el terreno pertenece al gobierno o a Ferrocarriles Nacionales. Quintana puntualiza que esas tierras nunca formaron parte de la vía férrea ni de ningún bien público. Su familia las adquirió hace más de 100 años. A pesar de las acusaciones, los invasores violan la ley y desplazaron a los legítimos dueños.

Denuncia ante la Fiscalía y acciones legales
El lunes por la mañana, Quintana presentó la carpeta de investigación ALM/DVI/SUB‑UAT/066/2025. Acudió a la Fiscalía Primera de Atención Temprana de Álamo Temapache. Allí explicó la posesión centenaria y aportó pruebas de propiedad. El denunciante exige que las autoridades retiren a los invasores de inmediato. “No podemos tolerar más invasiones”, declaró. También pidió que se aplique la ley para evitar que este caso dure como otros despojos en el norte de Veracruz.
Impacto en la comunidad y riesgos futuros
La invasión pone en riesgo la actividad ganadera local. En el predio había 25 cabezas de ganado que ahora controlan los ocupantes. Los agricultores cercanos temen que la disputa escale y afecte cultivos y caminos rurales. Grupos similares, como “Los 400 Pueblos”, ya generaron conflictos en la región. Quintana advierte que permitir este desalojo genera un “efecto llamada” para otros ocupantes. La inseguridad jurídica y la falta de respuesta oficial agravan la crisis agraria en Veracruz.

Conclusión sobre despojo de tierras
Para evitar más invasiones, Veracruz necesita reforzar la protección de la propiedad privada y agilizar procesos legales. Los propietarios deben recibir respaldo inmediato de la Fiscalía y de instancias estatales. Solo así se garantizará la seguridad de la tierra y se disuadirán futuros intentos de despojo de tierras.
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