Bloqueo de militantes en una decisión contundente, el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó medidas para bloquear a 66 presuntos militantes de partidos políticos que buscaban roles clave como capacitadores y supervisores electorales. La palabra clave que resonará a lo largo de este artículo es “bloqueo”.
Contexto de la decisión sobre bloqueo de militantes
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó, de manera unánime, la procedencia de medidas cautelares en seis procedimientos sancionadores ordinarios. La razón detrás de estas acciones fue la identificación de presuntos militantes partidistas que intentaban integrarse al proceso de contratación de personal electoral. La Comisión argumentó que la participación de militantes partidistas en roles electorales podría comprometer la independencia e imparcialidad en la formación de los órganos electorales. Esta preocupación se centra en los procesos electorales federales y locales que se avecinan en el próximo año.
Perfil de los roles en cuestión
Los capacitadores y supervisores electorales desempeñan funciones críticas en la formación de quienes integrarán las mesas directivas de casilla durante las elecciones. Uno de los requisitos fundamentales para ocupar estos roles es no haber estado afiliado a un partido político en el último año. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) inició estos procedimientos a raíz de denuncias presentadas por individuos o de manera oficiosa. La UTCE propuso la procedencia de medidas cautelares debido a la posibilidad de afiliaciones indebidas, las cuales deben ser verificadas para determinar su validez.
Investigación en curso
La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, la consejera Claudia Zavala, explicó que los casos se originaron en quejas presentadas por personas que, al responder a la convocatoria para ser capacitadores, descubrieron que estaban afiliadas a partidos políticos. También se abordaron casos en los que había evidencia de afiliación voluntaria. Zavala enfatizó que el propósito de las medidas cautelares es evitar posibles violaciones a los principios y garantizar que personas que no cumplen con los requisitos no participen como supervisores o capacitadores electorales. La investigación de los 66 casos continuará para esclarecer la validez de las afiliaciones y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes.
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