Hugo Aguilar Ortiz, recientemente electo como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una demanda contra el Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La querella se originó luego de que el INE le impusiera una amonestación pública por no atender requerimientos relacionados con presunta propaganda ilegal a su favor. Sin embargo, tras resultar electo, Aguilar optó por desistirse de la impugnación.
La controversia: propaganda y omisiones por amonestación pública
El 24 de mayo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE recibió denuncias por presunta propaganda ilícita en favor de diversas candidaturas judiciales, entre ellas la de Hugo Aguilar. La queja señalaba que militantes de Morena distribuían acordeones casa por casa en la alcaldía Álvaro Obregón, promoviendo el voto a favor del entonces candidato. Pese a los múltiples requerimientos del INE para que se pronunciara al respecto, Aguilar Ortiz ignoró las solicitudes, lo que llevó a la imposición de una amonestación pública como medida de apremio. Posteriormente, se le advirtió que si continuaba sin responder, enfrentaría una multa.
La demanda y su rápido retiro
El 4 de junio, Aguilar presentó una demanda de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF, argumentando que no fue notificado adecuadamente. No obstante, al día siguiente —cuando se oficializó su triunfo electoral— presentó un escrito ante el INE para desistirse del proceso legal. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, encargado del caso, explicó en su proyecto que el 12 de junio se solicitó a Aguilar confirmar por escrito su desistimiento. Al no recibir respuesta en el plazo de 24 horas, el Tribunal concluyó que la demanda no sería considerada presentada.
“Se constató que la parte recurrente no compareció a ratificar el escrito de desistimiento”, señala el proyecto, dando así carpetazo definitivo al asunto.
Consecuencias para el nuevo ministro presidente
Hugo Aguilar iniciará su gestión en la Suprema Corte con una amonestación pública vigente emitida por el INE. Aunque su impugnación fue retirada, el órgano electoral continúa investigando si existió propaganda indebida financiada o promovida por servidores públicos y militantes. Expertos en derecho electoral consideran que este episodio refleja la tensión entre las nuevas figuras del Poder Judicial y las autoridades electorales. También pone en el centro del debate la importancia de la transparencia electoral y la responsabilidad de los candidatos judiciales.
Amonestación pública
La retirada de la demanda por parte de Hugo Aguilar, apenas un día después de presentarla, evidencia un cálculo político tras su ascenso al cargo más alto del Poder Judicial. Aunque evitó una confrontación mayor con el INE, el tema deja cuestionamientos sobre su compromiso con la legalidad durante el proceso.
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