La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este jueves una revisión profunda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al señalar que el modelo actual no está funcionando a plenitud y que su complejidad dificulta la sanción efectiva frente a actos de corrupción.
SNA: un sistema complejo y necesario de revisar
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción fue implementado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la colaboración de diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la mandataria enfatizó que el SNA requiere ajustes para cumplir con su objetivo principal: evitar la impunidad en casos de corrupción.
“Sí, es algo que se tiene que revisar. Fue un esquema bastante complejo de muchas instituciones que, supuestamente, iba a garantizar la sanción cuando hubiera corrupción”, señaló la presidenta. El SNA agrupa a múltiples instituciones y tribunales, tanto estatales como federales, encargados de sancionar actos de corrupción que antes eran competencia de la Secretaría de la Función Pública. Esta estructura, aunque diseñada para ser más eficiente, ha generado desafíos que impiden su funcionamiento pleno.
Evitar la impunidad, el objetivo principal
Sheinbaum subrayó que la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción no busca únicamente cambios administrativos, sino que apunta a garantizar que todos los mexicanos y mexicanas puedan confiar en la justicia frente a la corrupción.
“Queremos que frente a la corrupción no haya impunidad. Entonces, sí creo que es un buen momento para revisar todo lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción”, afirmó desde el Salón Tesorería.
La presidenta enfatizó que, aunque el SNA representa un avance en la lucha contra la corrupción, es esencial optimizar su funcionamiento, simplificar sus procesos y garantizar que los responsables de actos ilícitos reciban sanciones efectivas.
Hacia un sistema anticorrupción más eficiente
La iniciativa de revisión del SNA busca identificar los puntos débiles del sistema, fortalecer la coordinación entre tribunales y dependencias, y asegurar que las sanciones se apliquen de manera efectiva, reduciendo la posibilidad de impunidad. Con esta acción, el gobierno federal pretende reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, consolidando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir la corrupción en México.
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