La discusión sobre una reforma electoral profunda se mantiene en el centro de la agenda pública en México. Entre las diversas modificaciones constitucionales que se han planteado, la iniciativa que genera mayor debate es, sin duda, la reducción de legisladores plurinominales (también conocidos como de representación proporcional) tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Para los ciudadanos, la propuesta resulta sumamente atractiva bajo la premisa de la austeridad, pero en el terreno del análisis político y constitucional, la medida abre un complejo debate sobre la representatividad democrática de las minorías. Aquí te explicamos a detalle de qué trata esta propuesta, sus implicaciones y cómo cambiaría el mapa político del país.

¿Qué propone exactamente la iniciativa?

El sistema legislativo actual de México (un modelo mixto) cuenta con 500 diputados y 128 senadores. La reforma electoral busca modificar las reglas del juego reduciendo drásticamente el tamaño del Congreso de la Unión:

  • Cámara de Diputados: Se propone reducir el número de 500 a 300 diputados. Con esto, se eliminarían por completo los 200 legisladores federales plurinominales que entran mediante listas regionales, dejando únicamente a los 300 diputados elegidos por voto directo en los distritos electorales (mayoría relativa).

  • Senado de la República: Se plantea pasar de 128 a 64 senadores. Bajo este esquema, cada estado de la República contaría únicamente con dos senadores (los que ganen la elección por mayoría), eliminando la lista nacional de 32 plurinominales y los 32 correspondientes a la primera minoría (el segundo lugar de la elección).

reducción de diputados
Reforma electoral 2026

Los argumentos a favor: Austeridad y eficiencia

Quienes defienden y promueven la eliminación o reducción de los conocidos como “pluris” basan su postura en tres ejes principales:

  1. Austeridad republicana: Reducir el Congreso implica un ahorro multimillonario directo para el presupuesto público en materia de salarios (dietas), asesores, comisiones, viáticos y prestaciones de 200 diputados y 64 senadores menos.

  2. Legitimidad del voto directo: Se argumenta que los legisladores deben ganarse su puesto directamente en las urnas, haciendo campaña a ras de suelo, y no a través de cuotas e invitaciones en listas internas de los partidos políticos.

  3. Agilidad legislativa: Un Congreso más compacto, argumentan los defensores, facilita los consensos, agiliza la aprobación de leyes y evita la burocracia legislativa.

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Los argumentos en contra: El riesgo de la sobrerrepresentación

Por otro lado, constitucionalistas, académicos y partidos de oposición advierten sobre los riesgos democráticos que podría acarrear esta medida:

  1. Desaparición de las minorías: Los legisladores plurinominales nacieron en la reforma política de 1977 para permitir que las voces de los partidos que no ganaban distritos mayoritarios, pero que sí obtenían millones de votos a nivel nacional, tuvieran voz y voto en el Congreso. Sin ellos, millones de votantes de minorías quedarían sin representación.

  2. Sobrerrepresentación del partido mayoritario: Al dejar el Congreso configurado exclusivamente por distritos ganados por mayoría relativa, el partido o coalición que obtenga la victoria en la jornada electoral podría quedarse con casi el 100% de las curules, aun cuando su porcentaje de votación real en las urnas haya sido menor.

  3. Falta de contrapesos: Los opositores señalan que la eliminación de la representación proporcional debilita el sistema de contrapesos indispensable en cualquier democracia, abriendo la puerta a reformas constitucionales directas por parte de una sola fuerza política sin necesidad de negociar.

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¿Cuál es el panorama de aprobación?

Al tratarse de una reforma que modifica artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no basta con una mayoría simple en el Congreso. Para que la reducción de legisladores plurinominales sea una realidad, se requiere una mayoría calificada (dos terceras partes de los votos) tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, además del aval de la mayoría de los congresos locales del país.