El diputado federal advierte que el robo de combustible financia a los cárteles y erosiona la recaudación fiscal, por lo que plantea una estrategia de trazabilidad y reformas legislativas.

El contrabando, desvío y robo de hidrocarburos se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento ilícito para los cárteles de la droga y en un golpe devastador para las finanzas públicas de México. Ante este escenario, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado urgente a colocar el combate al huachicol en el centro del debate público y legislativo, priorizando el uso de tecnología avanzada y el fortalecimiento de la cooperación regional con Estados Unidos.

El legislador destacó que la iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act (Ley para Detener el Financiamiento de los Cárteles), presentada el 14 de mayo de 2026 por los senadores estadounidenses John Cornyn y Jacky Rosen, confirma la dimensión transnacional de esta problemática. De acuerdo con Ramírez Cuéllar, esta actividad ilegal no solo debilita a Pemex y erosiona la recaudación de impuestos, sino que empodera a organizaciones criminales mediante redes de corrupción, empresas fachada y complejos mecanismos de lavado de dinero.

La magnitud del huachicol en México: pérdidas multimillonarias

La propuesta legislativa de EE. UU. no sustituye el diagnóstico mexicano, sino que lo robustece al reconocer que el contrabando de combustibles es una amenaza para la seguridad nacional de ambos países. Las cifras oficiales revelan la gravedad de esta economía ilícita:

  • Pérdidas de volumen: Petróleos Mexicanos (Pemex) estima que en 2024 se robaron cerca de 987 millones de litros de combustible, una cifra que casi triplica los registros de 2019.

  • Impacto fiscal: El documento legislativo estadounidense advierte que el Gobierno de México sufre una afectación diaria cercana a los 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales.

  • Penetración en el mercado: Se calcula que entre el 16% y el 27% del consumo anual de combustibles en territorio nacional proviene de fuentes ilegales, evidenciando una preocupante infiltración en la cadena energética formal.

“Esta realidad confirma que el robo de combustible ya no puede ser tratado como un problema marginal; exige respuestas coordinadas, técnicas y firmes”, señaló el diputado.

robo de hidrocarburos
Contrabando de hidrocarburos

Cooperación bilateral y acciones de inteligencia no cinética

La iniciativa estadounidense plantea enfrentar el problema mediante acciones no cinéticas —es decir, sin el uso directo de la fuerza militar—. Entre las medidas clave se encuentran el intercambio de información con agencias civiles de EE. UU., la identificación de nodos críticos en las redes de contrabando y el fortalecimiento de las capacidades de seguridad de los países aliados.

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En sintonía con estas recomendaciones, México ya implementa estrategias propias orientadas a desarticular estas redes desde su origen:

  1. Fortalecimiento de aduanas y combate frontal a la corrupción institucional.

  2. Uso de inteligencia financiera para bloquear los recursos de empresas fachada.

  3. Implementación de marcadores químicos y auditorías de trazabilidad del combustible para asegurar su procedencia legal.

contrabando de combustible

Hacia una reforma legislativa por la soberanía energética

Ramírez Cuéllar sostuvo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben abrir una amplia consulta pública para adecuar las disposiciones legales, normativas administrativas y las sanciones penales vigentes en el país. El objetivo es dotar al Estado de mayor capacidad para vigilar ductos, aduanas, transporte y puntos de venta final.

Actualmente, se analizan propuestas estructurales enfocadas en desmantelar la complicidad empresarial y gubernamental que ha permitido el crecimiento del mercado ilícito de gasolina y diésel. Para el legislador, enfrentar el huachicol es una condición indispensable para proteger la Hacienda pública y defender la integridad del sistema energético nacional.

“El combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado, porque ahí se cruzan la seguridad nacional, la justicia fiscal y el bienestar de la población. Si se enfrentan con decisión, México podrá fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar”, concluyó Alfonso Ramírez Cuéllar.

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