El fiscal general del estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, ha afirmado que hasta la fecha no se ha judicializado ningún delito relacionado con el aborto en el estado. Esta declaración surge en medio de un caso altamente polémico que involucra a una adolescente de 14 años de la comunidad indígena de Huimilpan, acusada de homicidio calificado tras sufrir un aborto espontáneo. Según la necropsia realizada, el feto nació vivo y falleció por estrangulamiento, lo que ha llevado a la fiscalía a proceder con rigor en este caso.
El caso ha generado una ola de indignación y preocupación tanto a nivel local como nacional. Colectivos feministas y defensores de los derechos humanos han alzado la voz en defensa de la menor, argumentando que se está criminalizando a una niña que ya ha sufrido un trauma significativo. La Colectiva Adax Digitales, que ha estado brindando apoyo y asesoramiento a la adolescente, ha criticado duramente la decisión de la fiscalía, resaltando la falta de sensibilidad y perspectiva de género en el manejo de esta situación.
Muy importante lo que informa el Fiscal General del estado de #Querétaro.
Para no variar se esta tergiversando y haciendo propaganda con la información de un proceso judicial por grupos políticos buscando causar descontento social y jalar agua para su molino. #infodemia pic.twitter.com/rUMPKsYM6m
— Omar Castrejón (@Omar_Castrejon) October 28, 2024
La Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal está examinando el caso para asegurar que se respeten los derechos de la menor y se le brinde el apoyo necesario. La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado que no se criminalice a la joven, instando a un enfoque que priorice la protección y el bienestar de las víctimas de violencia sexual.
Este caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de reformas en el sistema judicial y de salud para proteger a las mujeres y niñas que enfrentan violencia sexual y garantizar su acceso a servicios de salud y justicia adecuados. La comunidad se encuentra dividida, con algunos apoyando la decisión de la fiscalía basada en la necropsia, mientras que otros claman por justicia y protección para la menor afectada.