En mayo de 2026, el Gobierno Federal de México mantiene una estrategia activa de contención de precios en los combustibles para mitigar la inflación, una medida que beneficia directamente los bolsillos de los trabajadores mexicanos pero que, de acuerdo con especialistas del sector energético consultados por el medio Expansión, está provocando un desplazamiento del mercado ilícito hacia el robo físico de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la perforación de ductos en territorio nacional.
Este fenómeno demuestra cómo la delincuencia organizada adapta sus operaciones financieras frente a los estímulos fiscales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Al topar los precios al consumidor, se reduce el llamado “huachicol fiscal” (importación ilegal bajo fracciones arancelarias falsas), pero se dispara la extracción directa de combustible, afectando gravemente el patrimonio de la paraestatal y planteando nuevos retos de seguridad y abastecimiento para los derechohabientes y consumidores del país.
¿Por qué el tope a las gasolinas incentiva el robo físico a Pemex?
El tope a las gasolinas fomenta el robo físico a Pemex porque, al activarse estímulos fiscales que limitan los márgenes de ganancia legal, el mercado ilícito deja de importar combustible bajo esquemas de evasión fiscal y se desplaza hacia la ordeña directa de ductos, permitiendo colocar producto robado en mercados locales sin costos logísticos ni carga impositiva.
El impacto de la política fiscal en el huachicol
La relación entre los precios internacionales del petróleo, la recaudación de impuestos y el mercado negro de combustibles en México es sumamente compleja. De acuerdo con un análisis publicado por el medio especializado Expansión, el comportamiento de las redes de distribución ilegal de hidrocarburos no es estático; por el contrario, se adapta con rapidez a las decisiones que toma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cuando el mercado opera con normalidad, los precios de la gasolina se mantienen estables y los impuestos como el IEPS se cobran en su totalidad, los delincuentes encuentran más lucrativo el esquema conocido como “huachicol fiscal”. Esta modalidad consiste en importar combustibles bajo fracciones arancelarias incorrectas para evadir el pago de aranceles y contribuciones correspondientes. Sin embargo, cuando los precios internacionales del crudo se elevan debido a tensiones geopolíticas —como el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán—, el gobierno mexicano se ve obligado a intervenir para evitar un “gasolinazo” que dispare la inflación general medida por el Banco de México.
Víctor Hugo Arellano, director técnico de Onexpo Nacional, advierte que los recientes ajustes del Gobierno Federal para contener el alza de los precios globales de los energéticos han desincentivado el huachicol fiscal, que hasta hace poco representaba la principal preocupación de los empresarios gasolineros del país. El problema es que esta contención de precios ha provocado que las organizaciones criminales regresen a la ordeña tradicional de ductos e incluso comiencen a planear el robo directo de pipas de transporte en las carreteras federales.
Las alarmantes cifras de tomas clandestinas en México
Para entender la magnitud de este problema, es necesario revisar los datos históricos y recientes reportados por las propias autoridades y empresas del sector. En el año 2022, durante una de las crisis energéticas globales más severas de los últimos tiempos, los precios de la gasolina en México habrían alcanzado niveles de entre 32 y 35 pesos por litro si el gobierno no hubiera aplicado un estímulo fiscal del 100% al IEPS. Si bien esta medida protegió la economía familiar de millones de trabajadores, también coincidió con un repunte histórico en el robo de combustible, registrándose casi 11,300 tomas clandestinas en ese periodo.
La tendencia no ha disminuido de manera significativa. En su informe anual presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Pemex reveló que entre los años 2024 y 2025 se detectaron un total de 22,365 tomas clandestinas en su red de oleoductos y poliductos. Esto representa un promedio alarmante de 30.6 perforaciones diarias a la infraestructura crítica de la nación. Este volumen de sustracción ilegal equivale a una pérdida estimada de 58,000 barriles diarios de combustibles en 2025, de acuerdo con datos analizados por la Secretaría de Energía.
El impacto financiero de esta actividad ilícita es devastador para las finanzas públicas del Gobierno de México. Estimaciones realizadas por el especialista Francisco Barnés de Castro señalan que las pérdidas económicas derivadas exclusivamente de la ordeña de ductos ascendieron a aproximadamente 35,000 millones de pesos durante el año 2025. Estos recursos, que dejan de ingresar a la hacienda pública, representan dinero que bien podría destinarse al fortalecimiento de los servicios de salud del IMSS, la mejora de las pensiones del bienestar o la construcción de infraestructura pública.
La sofisticación tecnológica del mercado ilegal
El robo de combustible en México ya no se limita a la rudimentaria perforación nocturna de ductos en zonas rurales de estados como Puebla, Hidalgo o Veracruz. Las redes criminales han evolucionado hacia métodos de ingeniería sumamente avanzados que dificultan su detección por parte de las Fuerzas Armadas y el personal de seguridad física de Pemex.
Entre los hallazgos más preocupantes reportados en los últimos meses se encuentra la proliferación de los denominados “huachitúneles”. Estas son obras de ingeniería subterránea que cuentan con sistemas de ventilación, soporte estructural, iluminación y tendido eléctrico de alta tecnología. Estos túneles permiten conectar mangueras de alta presión directamente a los poliductos de Pemex y extraer miles de litros diarios de gasolina, diésel o gas LP sin que se observe ningún tipo de movimiento sospechoso en la superficie. Esta sofisticación demuestra que el huachicol cuenta con un respaldo financiero y técnico de gran escala, operando como verdaderas empresas paralelas.
Este problema ha trascendido las fronteras de nuestro país y se ha convertido en un tema de discusión en la agenda de seguridad binacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado públicamente que el huachicol en México forma parte de las estructuras financieras y operativas del crimen organizado transnacional, lo que incrementa la presión internacional sobre el gobierno mexicano para implementar medidas más severas de vigilancia y control en toda la cadena de suministro de hidrocarburos.
Consecuencias para el consumidor y las estaciones de servicio
La imposición de topes de precios a las gasolinas genera distorsiones severas que terminan afectando de manera indirecta al consumidor final, es decir, al ciudadano que acude diariamente a cargar combustible para ir a su trabajo o realizar sus actividades cotidianas. Rocío Robles, socia de la consultora Lobbying México, advierte que las políticas de control de precios, aunque bien intencionadas para frenar la inflación, suelen generar efectos secundarios indeseados.
De acuerdo con la especialista, las estaciones de servicio formales se encuentran bajo una enorme presión regulatoria. El riesgo de ser sancionadas o clausuradas por no cumplir estrictamente con el tope de precios establecido por la Comisión Reguladora de Energía es sumamente alto. Ante este escenario, algunas gasolineras podrían verse tentadas a recurrir a prácticas desleales para mantener sus márgenes de ganancia, tales como la alteración de los dispensadores para no vender “litros de a litro” o, peor aún, la adquisición de combustible de dudosa procedencia o menor calidad para mezclarlo con el producto legal.
Para el automovilista mexicano, esto representa un doble peligro. Por un lado, existe el riesgo de pagar por una cantidad de combustible menor a la registrada en la bomba. Por el otro, el uso de gasolina adulterada o mezclada con hidrocarburos robados (que no cumplen con las normas de calidad de la NOM-016-CRE-2016) puede provocar daños severos y costosos en los sistemas de inyección y motores de los vehículos particulares y de transporte público, afectando directamente la economía de las familias trabajadoras.
El reto de equilibrar la inflación y la seguridad nacional
El dilema que enfrenta el Gobierno Federal en 2026 es de proporciones mayúsculas. Por una parte, mantener los subsidios y estímulos fiscales al IEPS es una herramienta indispensable para evitar que el incremento en los costos de transporte de mercancías se traslade a la canasta básica, protegiendo así el poder adquisitivo de la población más vulnerable. La inflación es un impuesto regresivo que golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen, por lo que su contención es una prioridad de política social.
Por otra parte, la persistencia de pérdidas por 35,000 millones de pesos anuales debido al robo de combustible debilita estructuralmente a Pemex, una empresa pública clave para la soberanía energética del país. La canalización de recursos del presupuesto federal para cubrir estas pérdidas o para financiar los estímulos a la gasolina limita el espacio fiscal para otros rubros prioritarios como la salud, la educación y los programas de apoyo al empleo. Encontrar un punto de equilibrio requerirá no solo de medidas fiscales, sino de una estrategia de seguridad pública coordinada que desarticule las redes de distribución de combustible robado en los mercados locales.
Lo que sabemos hasta ahora
- Subsidios e incentivos: Los estímulos fiscales al 100% del IEPS aplicados en momentos de alta presión internacional logran contener el precio de la gasolina entre 32 y 35 pesos, pero desplazan el interés criminal hacia el robo físico de ductos.
- Pérdidas multimillonarias: Las pérdidas para Pemex por la ordeña de ductos alcanzaron aproximadamente 35,000 millones de pesos en el año 2025, con un promedio de sustracción de 58,000 barriles diarios.
- Tomas clandestinas constantes: Entre 2024 y 2025 se detectaron un total de 22,365 perforaciones ilegales en la red de ductos de la petrolera estatal, lo que equivale a un promedio diario de 30.6 incidentes.
- Sofisticación criminal: El uso de “huachitúneles” equipados con tecnología eléctrica y sistemas de ventilación subterránea evidencia la evolución técnica de las redes de extracción ilegal de combustible en México.
- Riesgo para el consumidor: El control de precios presiona los márgenes de las gasolineras formales, incrementando el riesgo de venta de litros incompletos o combustible adulterado de baja calidad.
Conclusión:
La política de topar los precios de las gasolinas en México funciona eficazmente como un escudo contra la inflación y protege la economía familiar en el corto plazo; sin embargo, genera un incentivo perverso que incrementa el robo físico a Pemex, demostrando que la solución de fondo requiere un combate frontal a la impunidad y una vigilancia más estricta en la cadena de distribución comercial.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el huachicol fiscal y en qué se diferencia del robo físico?
El huachicol fiscal consiste en la importación ilegal de combustibles declarándolos bajo fracciones arancelarias falsas para evadir impuestos. Por el contrario, el robo físico se refiere a la extracción directa de hidrocarburos mediante la perforación de ductos de Pemex o el robo de pipas.
¿Cómo afecta el robo de gasolina al precio que pago en la bomba?
Aunque el gobierno federal establece un tope de precios para evitar aumentos bruscos, las pérdidas millonarias de Pemex por robo limitan el presupuesto público. Esto puede presionar indirectamente las finanzas del país y reducir los subsidios futuros al combustible.
¿Cuáles son los riesgos de cargar gasolina de procedencia ilícita?
El combustible robado no cumple con las normas oficiales de calidad y suele estar contaminado con agua, sedimentos o aditivos inadecuados. Su uso puede provocar fallas graves en el motor, dañar los sistemas de inyección y anular la garantía de los vehículos.
¿Qué medidas toma el gobierno para evitar el aumento de la gasolina?
El gobierno aplica estímulos fiscales variables al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Cuando los precios internacionales del petróleo suben, el estímulo aumenta para absorber el impacto y evitar que el costo final se traslade al consumidor.
¿Cómo puedo reportar una gasolinera que no vende litros completos?
Los consumidores pueden presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través del Teléfono del Consumidor o de su aplicación móvil oficial, proporcionando el número de estación y la dirección exacta del establecimiento.
