Sheinbaum descarta el regreso del GIEI al caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó, el 11 de septiembre, el regreso oficial de los antiguos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El gobierno mexicano había pedido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que considerara a esos expertos para acompañar las nuevas líneas de investigación, pero el organismo respondió que buscaría especialistas distintos.

“Estamos esperando expertos por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudieran revisar el trabajo que está haciendo el fiscal del caso Ayotzinapa”, explicó Sheinbaum, quien subrayó que los antiguos miembros del GIEI quedan descartados para esta nueva etapa de la investigación, aunque dejó abierta la puerta a un diálogo con algunos de ellos a solicitud de las familias de los estudiantes.

Qué fue el GIEI y por qué ya no existe como tal

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se creó mediante un acuerdo entre el gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. El GIEI concluyó su última fase de trabajo en México en julio de 2023, después de reportar obstáculos para acceder a información en manos de las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, el grupo como tal dejó de operar en el país, aunque varios de sus antiguos integrantes han seguido dando seguimiento al caso desde fuera de México y en contacto con organismos internacionales de derechos humanos.

Lo que pidió el gobierno y lo que respondió la ONU-DH

De acuerdo con lo explicado por la propia presidenta, su administración solicitó a la ONU-DH que evaluara la posibilidad de que antiguos miembros del GIEI se sumaran a revisar el trabajo que actualmente realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso. La respuesta del organismo internacional fue proponer un grupo de especialistas distinto, en lugar de reincorporar a los expertos que ya habían participado entre 2015 y 2023.

Sheinbaum precisó que la Secretaría de Gobernación mantiene, de manera paralela, conversaciones para facilitar el regreso de al menos dos antiguos integrantes del GIEI, a petición expresa de las familias de los normalistas, aunque esa vía es distinta a la de una reincorporación formal del grupo completo al proceso de investigación.

El caso Ayotzinapa, once años después

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El caso se convirtió en uno de los símbolos más señalados de la crisis de derechos humanos en México durante la última década y ha pasado por al menos tres fiscales especiales y dos comisiones distintas de la verdad.

Sheinbaum ha dicho en meses anteriores que su gobierno abrió nuevas líneas de investigación a partir de un nuevo análisis de las comunicaciones telefónicas de la noche de la desaparición, lo que —según la presidenta— ya derivó en nuevas detenciones y en la localización de sitios de búsqueda que antes no se habían explorado.

Los hallazgos que dejó el GIEI antes de irse

Entre 2015 y 2023, el GIEI presentó varios informes que cambiaron por completo la forma en que se entendía el caso. Su primer informe, publicado el 6 de septiembre de 2015, documentó los primeros seis meses de trabajo del grupo en México. El segundo, de abril de 2016, desmontó la llamada “verdad histórica” de la investigación original: la versión de que los cuerpos de los 43 estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula no tenía, según el GIEI, sustento pericial suficiente.

En informes posteriores, el grupo reveló que la Marina mantuvo oculta durante siete años su participación en la siembra de evidencia en ese basurero, y documentó más de 60 videos de interrogatorios que el propio GIEI clasificó como sesiones de tortura contra personas detenidas en el caso. Apenas el pasado 31 de agosto, una investigación periodística retomó otro de los hallazgos del grupo: el análisis de las llamadas “petrosas” —bolsas con restos— encontradas en Iguala, en las que el GIEI no logró identificar coincidencias de ADN con los estudiantes desaparecidos.

Ese historial de hallazgos es, precisamente, el que ha hecho que las familias de los normalistas insistan en mantener algún tipo de vínculo con los expertos que integraron el grupo original, incluso ahora que la ONU-DH decidió proponer especialistas distintos para la nueva etapa de revisión.

Una fiscalía bajo revisión externa, otra vez

La petición de expertos internacionales para revisar el trabajo del fiscal del caso no es la primera vez que el gobierno mexicano recurre a este tipo de acompañamiento. La FGR, a cargo de la investigación desde 2019, ha sido cuestionada en distintos momentos por las familias de los normalistas y por organizaciones de derechos humanos, quienes han pedido en más de una ocasión la renuncia del fiscal responsable del caso.

Ese reclamo se repitió apenas unos meses atrás, cuando las familias exigieron públicamente la salida del fiscal a cargo, en medio de señalamientos sobre la lentitud del proceso y la falta de resultados concretos en la localización de los restos de los estudiantes. El caso también ha estado marcado por otros episodios, como el de un candidato a magistrado señalado por presuntas irregularidades relacionadas con el expediente.

Las cuatro líneas de investigación que mantiene el gobierno

De forma paralela a la negociación con la ONU-DH, la Secretaría de Gobernación mantiene, según lo informado a finales de agosto, cuatro líneas prioritarias de investigación: nuevas detenciones, el análisis de los registros telefónicos de la noche de la desaparición, y la revisión de los hechos y de los actores relevantes en lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Sheinbaum ha explicado que el análisis de esas comunicaciones telefónicas —información que, según dijo, no se había revisado a fondo en las investigaciones iniciales— permitió abrir líneas hacia personas que antes no estaban vinculadas al caso y que hoy se encuentran detenidas. Entre los avances presentados a las familias de los normalistas en una reunión a finales de agosto, destaca la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, además de la promesa del gobierno de extraditar a Ulises Bernabé, un exjuez señalado como una pieza clave del caso.

Esa reunión con las familias, sostenida directamente por la presidenta en Palacio Nacional, fue la ocasión en la que Sheinbaum detalló las cuatro líneas de trabajo y en la que los padres de los normalistas volvieron a insistir en la necesidad de mantener algún canal con los expertos que documentaron el caso durante casi una década, más allá de que la ONU-DH haya optado por un grupo distinto para la revisión formal del trabajo de la FGR.

La propia presidenta ha adelantado que, antes del 26 de septiembre —cuando se cumplen 12 años de la desaparición—, la FGR podría presentar un informe público sobre estas nuevas líneas de investigación, siempre que su difusión no afecte el trabajo que sigue en curso.

Qué sigue en el proceso

Mientras la ONU-DH define el perfil de los nuevos especialistas que acompañarán la revisión del trabajo de la FGR, el gobierno federal mantiene abierta la negociación para que al menos dos exintegrantes del GIEI puedan participar de forma directa, a petición de las familias. No hay, hasta el momento, una fecha definida para que ese nuevo grupo de expertos —sea cual sea su composición final— comience formalmente su trabajo. Lo que sí tiene fecha es la posible presentación del informe de la FGR sobre las nuevas líneas de investigación, que Sheinbaum ubicó antes del 26 de septiembre, fecha en la que se cumplirán 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

El caso Ayotzinapa entra así a una nueva fase, con una fiscalía bajo revisión de expertos internacionales por segunda vez desde 2015, pero sin el mismo grupo que documentó el caso durante sus primeros años. La decisión de la ONU-DH de proponer especialistas distintos a los del GIEI original marca un punto de quiebre en la forma en que el organismo internacional acompaña la investigación, once años después de la desaparición de los 43 estudiantes.