La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 7 de octubre el decreto de la reforma constitucional sobre nacionalidad única, con la que México establece nuevas condiciones para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que las personas que aspiren a estos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana al momento de solicitar su registro como candidatura. El gobierno federal informó que la reforma será publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La medida no elimina la doble nacionalidad en México para la población en general. Los mexicanos podrán conservar una nacionalidad extranjera, pero quienes pretendan competir por alguno de los cargos contemplados deberán renunciar previamente a ella.
¿Qué cambia para quienes tengan doble nacionalidad?
El nuevo texto constitucional establece que para ser titular de la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se deberá ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos y ser hijo o hija de padre o madre mexicanos.
Además, las personas que tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura ante la autoridad electoral correspondiente. El requisito, por tanto, no se limita al momento de asumir el cargo: la renuncia deberá acreditarse previamente al registro.
La reforma también establece restricciones durante el ejercicio del cargo. Quien ocupe la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar un pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos vinculados con otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Esto significa que un mexicano que también tenga ciudadanía estadounidense, española o de cualquier otro país no pierde automáticamente esa nacionalidad por el solo hecho de contar con ella. La limitación está dirigida específicamente a quienes busquen llegar a los principales cargos ejecutivos del país y de las entidades federativas.
La reforma comenzará a aplicarse en las elecciones de 2028
La nueva disposición no tendrá efectos sobre las elecciones de 2027. El cambio está previsto para los procesos electorales de 2028, cuando comenzarán a aplicarse las nuevas reglas para las personas que busquen la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Antes de que llegue ese proceso electoral también tendrán que realizarse adecuaciones legales. El proyecto aprobado contempla un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión ajuste la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y normas electorales dentro del mismo periodo.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó este miércoles que todavía deberán establecerse las disposiciones que determinen cómo se acreditará la renuncia a una nacionalidad extranjera y qué autoridades intervendrán en ese procedimiento.
El Congreso y 22 legislaturas avalaron el cambio constitucional
La reforma avanzó durante septiembre en el Congreso de la Unión. El Senado aprobó el dictamen el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra. Posteriormente, 22 congresos estatales dieron su respaldo, con lo que se alcanzó la mayoría necesaria prevista en el artículo 135 constitucional para concretar una reforma a la Carta Magna. El debate generó posiciones encontradas. Quienes respaldaron la modificación sostuvieron que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México. La presidenta Sheinbaum ha defendido públicamente esa postura y ha señalado que la medida no busca eliminar el derecho de los mexicanos a conservar una segunda nacionalidad.
Desde la oposición, algunos legisladores cuestionaron que exigir la renuncia antes del registro pueda restringir los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad que quieran ser candidatos. Durante la discusión en el Senado también se planteó que la reforma podría entrar en tensión con disposiciones constitucionales relacionadas con los mexicanos residentes en el extranjero. Con la firma del decreto, el cambio constitucional entra en la última etapa de su proceso de publicación y aplicación. Para los ciudadanos que poseen más de una nacionalidad, la diferencia será concreta: podrán mantener esa condición en su vida personal, pero quienes aspiren a los cargos ejecutivos contemplados por la reforma deberán contar exclusivamente con la mexicana al momento de registrar su candidatura a partir de 2028.
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