El Senado de la República aprobó una reforma para endurecer las sanciones contra empresas que realicen llamadas comerciales no deseadas. La medida busca frenar el acoso telefónico comercial que reciben consumidores en México. El dictamen fue aprobado el 7 de octubre con 96 votos a favor y ninguno en contra. La reforma modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El objetivo es reforzar el derecho de las personas a rechazar publicidad. También busca limitar el uso de sus datos con fines comerciales.
¿Qué empresas podrían recibir multas por llamadas comerciales?
La reforma contempla sanciones para empresas que insistan con llamadas telefónicas publicitarias sin autorización.
La medida también contempla otros medios de contacto. Entre ellos están los mensajes y correos electrónicos.
El nuevo criterio aplicaría cuando las comunicaciones sean reiteradas y persistentes. Además, deberán existir fines de mercadotecnia o publicidad.
Esto podría afectar a distintos sectores que utilizan estrategias de telemarketing. Entre ellos están bancos, aseguradoras y otros proveedores de servicios.
La propuesta también pretende evitar que una empresa se deslinde. Esto ocurriría cuando las llamadas sean realizadas por un tercero contratado.
La responsabilidad no desaparecería por delegar las llamadas a otra compañía. Este punto forma parte de las medidas planteadas para proteger al consumidor.
Las sanciones representan uno de los cambios más relevantes.
El dictamen establece multas de 56 mil 570 a 2 millones 345 mil 728 pesos. El monto dependerá de la infracción cometida.
Con estas modificaciones, el Senado busca aumentar el costo de incumplir las reglas. La intención es generar un mayor efecto disuasorio entre las empresas.
Así funcionaría el registro para evitar llamadas no deseadas
Otro punto de la reforma es la creación de un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial.
Las personas podrían inscribirse de manera gratuita. El registro serviría para manifestar que no desean recibir publicidad telefónica.
Las empresas tendrían que respetar esa decisión. También tendrían que consultar la voluntad de los consumidores antes de realizar este tipo de contactos.
La iniciativa busca dar mayor control sobre el uso de los datos personales.
Actualmente existen mecanismos para evitar determinadas llamadas comerciales. Sin embargo, los legisladores señalaron que el problema persiste.
Durante la discusión se mencionó que México está entre los países con mayor cantidad de llamadas no deseadas. El promedio citado fue de entre 20 y 25 contactos spam por usuario al mes.
El problema no se limita a las molestias que generan estas llamadas.
El Senado también relacionó la saturación de comunicaciones con riesgos de fraude y estafas. Por ese motivo, la reforma busca reforzar la protección de los consumidores.
Para los usuarios, el cambio podría representar una herramienta adicional. Su objetivo sería hacer valer con mayor facilidad la negativa a recibir publicidad.
La reforma contra el acoso telefónico todavía no entra en vigor
Aunque el Senado aprobó la reforma contra el acoso telefónico, las nuevas multas todavía no pueden aplicarse automáticamente. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados. Ahí deberá continuar su proceso legislativo y ser analizado por los legisladores. Por esta razón, la aprobación del Senado no significa que las empresas ya estén sujetas a las nuevas multas. Todavía deben completarse las etapas correspondientes antes de que las modificaciones puedan convertirse en disposiciones vigentes. La reforma plantea un cambio importante en la relación entre consumidores y empresas. Su principal objetivo es que una persona pueda rechazar publicidad sin tener que repetir constantemente su negativa. También busca que las empresas tengan mayor responsabilidad sobre las comunicaciones comerciales que realizan directamente o mediante terceros. Por ahora, el siguiente paso estará en manos de la Cámara de Diputados. El resultado de ese proceso determinará si las modificaciones aprobadas por el Senado avanzan hacia su entrada en vigor.
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