Violencia policial desde el 15 de marzo de 2025, agentes de Fullerton, California, dispararon a quemarropa contra Pedro García, de 19 años. Su familia había llamado al 911 para pedir ayuda contra un extraño armado con cuchillo. Cuando los oficiales llegaron, apuntaron y dispararon sin mediar palabra. Lanzaron veinte balas que alcanzaron a Pedro; otros diez impactos quedaron en el suelo. Su madre, Gabriela Ordóñez, gritó en español e inglés: “¡No disparen, no trae nada!” Pero los disparos continuaron hasta dejarlo inmóvil.
Cifras que revelan un patrón mortal
Mapping Police Violence documenta que, entre enero y marzo de 2025, policías de EU asesinaron al menos a un latino cada dos días. California lidera con 14 casos; Texas suma cinco y Arizona registra tres. En total, reporta 287 muertes por uso letal de la fuerza en esos meses. Campaign Zero contabiliza 246 latinos muertos en 2023, frente a 177 en 2013. Esa cifra refleja un aumento del 35% en poco más de una década. La mayoría de estos incidentes ocurre tras denuncias de crímenes, problemas domésticos o paradas de tráfico.
Racismo estructural y falta de rendición de cuentas
El abogado Luis Carrillo, defensor de víctimas, denuncia que el discurso antiinmigrante de Donald Trump alimenta la violencia policial. “Ese veneno contagia a los oficiales para que disparen sin pensar”, afirma. Solo en California, Carrillo ha ganado el 95% de sus casos por demostrar uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, el 99% de los policías implicados en homicidios no afronta cargos ni juicios. Las órdenes ejecutivas que Biden impulsó para limitar el uso de la fuerza ya no rigen a nivel federal. Trump las revocó al asumir su segundo mandato, dejando libertad para emplear tácticas agresivas.
Conclusión sobre violencia policial
Las historias de Pedro García y otros latinos muertos por policías exigen acción urgente. Las comunidades sufren un patrón de racismo y abuso de autoridad. Las familias exigen transparencia, sanciones ejemplares y protocolos de uso de fuerza basados en respeto a la vida. Estados como Massachusetts demostraron que una aplicación rigurosa de la ley reduce muertes hasta en un 75%. Si México y Estados Unidos no colaboran para impulsar reformas, la violencia policial seguirá cobrando vidas. Hoy más que nunca, las organizaciones civiles, abogados y ciudadanos deben alzar la voz para frenar esta crisis humanitaria.
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