El candidato del PRI en Atzalan, José Homero Domínguez Landa, mejor conocido como “Johny”, denunció amenazas en su contra durante la contienda electoral en Veracruz. Desde la semana pasada, él y su familia no habitan su domicilio original. Aunque circularon versiones sobre un ataque con arma de fuego a su casa, Domínguez Landa lo negó. Además, aclaró que su partido presentó el caso ante autoridades locales por el ambiente de inseguridad que vive la región. Por tanto, se mantiene fuera de la cabecera municipal para garantizar su integridad personal y familiar.
Respaldo y comunicado del PRI Veracruz
Ante el caso PRI Atzalan, la dirigencia estatal emitió un comunicado condenando las intimidaciones. En él, el Comité Directivo Estatal del PRI de Veracruz repudió “cualquier acto de violencia” contra los actores políticos. Asimismo, ratificó su respaldo a José Homero Domínguez Landa y solicitó a las autoridades que le otorguen medidas cautelares de protección. De este modo, el aspirante a la alcaldía podrá continuar sus actividades de campaña con la seguridad requerida. En paralelo, el PRI recordó que ya son más de 130 candidatos en Veracruz quienes han recibido protección tras sufrir agresiones o amenazas.
Protección electoral y contexto estatal
Por otra parte, Morena también cuenta con medidas de seguridad para sus aspirantes. Gabriel Zúñiga Ovando, representante de Morena ante el órgano electoral, informó que 22 candidatos de su partido reciben apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, reconoció que dos aspirantes han sido asesinados y otros han sufrido agresiones. Por consiguiente, el clima de violencia política en Veracruz obliga a fortalecer los protocolos de protección electoral. Además, las autoridades estatales y federales reiteran su compromiso de garantizar comicios pacíficos.
Conclusión
La denuncia de amenazas al candidato del PRI en Atzalan y el despliegue de medidas de protección para más de 150 aspirantes evidencian la complejidad de la seguridad en la elección veracruzana. Por ello, tanto partidos como autoridades deben fortalecer la vigilancia y el acompañamiento a quienes participan en la contienda. En definitiva, solo mediante la coordinación institucional y el respeto a la ley se podrá garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir en un entorno libre de violencia y coacción.
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