La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para exigir a las plataformas digitales en México que refuercen la protección de niñas, niños y adolescentes. La medida busca limitar su exposición a publicaciones relacionadas con violencia, acoso, abuso sexual y otros contenidos perjudiciales. Las empresas tendrán un mes para adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones.
Sheinbaum establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales
El decreto se presentó el 14 de octubre de 2026, después de que el Gobierno federal trabajara en la propuesta con especialistas y representantes de empresas tecnológicas. La iniciativa busca establecer entornos digitales seguros para menores de edad y aumentar la responsabilidad de las compañías sobre los contenidos que circulan en sus servicios.
Las nuevas reglas abarcan materiales que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios. También contemplan publicaciones relacionadas con violencia escolar, acoso, ciberacoso y material sexual explícito.
Las plataformas deberán identificar y retirar de inmediato cuentas y publicaciones que promuevan estas conductas. Además, tendrán que clasificar los contenidos según la edad de los usuarios y facilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
El decreto también exige que las cuentas de menores cuenten con configuraciones predeterminadas de privacidad y seguridad. De esta manera, las familias no tendrán que activar manualmente todas las protecciones disponibles.
La medida contempla mecanismos para que los usuarios reporten publicaciones peligrosas. Las empresas también deberán establecer canales de comunicación permanentes con las autoridades investigadoras, preservar pruebas y alertar sobre contenidos que representen riesgos para la vida. Estas obligaciones forman parte de las disposiciones presentadas por el Gobierno federal.
¿Qué empresas deberán cumplir con el decreto en México?
Las nuevas disposiciones se dirigen a servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos por internet. Durante las conversaciones con el Gobierno participaron representantes de Meta, Google, TikTok, Apple, Microsoft, X y Huawei.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, informó que las empresas solicitaron un plazo de un mes para ajustar sus tecnologías a los nuevos requerimientos. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a la aplicación de las medidas.
El Gobierno busca que las plataformas mejoren la detección de publicaciones de riesgo y respondan con mayor rapidez ante las denuncias. También pretende fortalecer la colaboración entre las compañías y las autoridades encargadas de investigar posibles delitos.
Sin embargo, el decreto no contempla sanciones específicas por incumplimiento. Sheinbaum señaló que, si las empresas no cumplen las obligaciones, el Gobierno podría impulsar una iniciativa de ley que establezca castigos.
Por ahora, el plazo concedido a las compañías representa el periodo para adaptar sus sistemas. La aplicación práctica de las reglas permitirá conocer cómo responderán los servicios digitales a las nuevas exigencias.
Protección de menores abre debate sobre privacidad y libertad de expresión
La decisión del Gobierno federal también genera preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad de los menores en internet, la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión. Uno de los principales desafíos será determinar cómo verificar la edad sin recopilar más datos personales de los necesarios. Las plataformas deberán diseñar mecanismos que permitan proteger a los menores sin comprometer innecesariamente la información privada de otros usuarios. También existe preocupación por los criterios que utilizarán las empresas para identificar y retirar contenidos. Una publicación que documenta un acto violento con fines periodísticos no necesariamente tiene el mismo propósito que una que promueve agresiones.
El anuncio llega después de un ataque ocurrido en una escuela de Coahuila a principios de octubre, que dejó una persona muerta y tres heridas. El caso aumentó la atención pública sobre la violencia escolar y los riesgos asociados con ciertos contenidos digitales. La medida forma parte de una discusión internacional sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los usuarios menores de edad. Su aplicación en México dependerá de la capacidad de las plataformas para cumplir las nuevas obligaciones y de la claridad de los criterios utilizados. El Gobierno federal busca que las redes sociales y otros servicios digitales ofrezcan mayores garantías de seguridad a niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, la futura regulación deberá aclarar sus alcances para proteger a los menores sin afectar injustificadamente otros derechos.
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