Narcoterrorismo en la justicia de Estados Unidos abrió expedientes contra presuntos narcoterroristas, incluyendo a tres ciudadanos mexicanos. Esta estrategia amplía el combate al crimen organizado al clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El nuevo enfoque busca atacar tanto el tráfico de drogas como la financiación de actividades violentas.
¿Qué implica la figura de narcoterrorismo?
El término narcoterrorismo aparece en expedientes judiciales emitidos tras la Orden Ejecutiva 14157. Con esta orden, firmada por Donald Trump, se designan a cárteles mexicanos y pandillas sudamericanas como grupos terroristas transnacionales. Bajo esa clasificación, basta con brindar “apoyo material” para enfrentar cargos por narcoterrorismo. El gobierno estadounidense utiliza esta figura para congelar activos y rastrear flujos financieros. Así, las autoridades pueden aplicar sanciones que antes solo se reservaban para casos de terrorismo. Esa presión limita el poder económico de los cárteles y obliga a desmantelar sus estructuras criminales.
Mexicanos acusados: nombres y cargos por narcoterrorismo
Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, enfrentan acusaciones por liderar una red de producción de fentanilo. El gobierno acusa a ambos de apoyar al Cártel de Sinaloa, calificado como organización terrorista extranjera. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, las autoridades mexicanas incautaron 1.65 toneladas de fentanilo en operativos coordinados con la DEA. María del Rosario Navarro Sánchez, de 39 años, conspiró para proporcionar granadas al CJNG. Ella creó rutas de contrabando de metanfetaminas y cobraba a migrantes para introducirlos a Estados Unidos. Las autoridades arrestaron a Navarro Sánchez en Magdalena, Jalisco, a principios de mayo. Un juez federal frenó su extradición, pero el proceso sigue en curso. Estos casos muestran cómo Estados Unidos cierra el cerco sobre líderes que antes solo enfrentaban cargos de narcotráfico. Ahora las cortes imponen penas más graves al combinar crímenes de drogas con terrorismo.
Colaboración binacional y alcance internacional
El Departamento de Justicia, la DEA y el FBI colaboran con autoridades mexicanas para intercambiar información y ejecutar órdenes de aprehensión. Esa coordinación permite asestar golpes simultáneos en ambos países. El nuevo enfoque alcanza a ciudadanos estadounidenses que operan redes financieras para los cárteles. El ejemplo más claro es la acusación contra dos hermanos Jensen, de Utah. Ambos supuestamente usaron una empresa en Texas para ocultar ingresos de contrabando de petróleo crudo del CJNG.
Al designar a cárteles como organizaciones terroristas, EE.UU. puede aplicar el Acta de Inmigración y Nacionalidad para bloquear visas y restringir movimientos de sospechosos. Esto afecta directamente las finanzas de los grupos criminales y dificulta sus actividades en el extranjero.
Conclusión sobre narcoterrorismo
La apertura de expedientes por narcoterrorismo marca un cambio radical en la estrategia de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. Ahora, las cortes acusan a líderes y colaboradores no solo por narcotráfico, sino también por apoyar actividades terroristas. Esta medida fortalece la cooperación binacional y permite aplicar sanciones más severas. Con ello, se busca reducir el flujo de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas hacia EE.UU. y desarticular las redes de financiamiento ilícito. La presión legal y financiera representa un desafío mayor para los cárteles, al tiempo que refuerza la seguridad en ambos países.
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