El cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz generó controversia al admitir su participación en conciertos organizados por promotores vinculados al narcotráfico. Este hecho reveló su implicación en actividades ilegales. Su culpabilidad se expuso durante un juicio en Estados Unidos. Ortiz reconoció conspirar en transacciones con un narcotraficante. Esta persona se identificó conforme a la Ley Kingpin, ley que impide que ciudadanos y empresas estadounidenses establezcan vínculos comerciales con individuos o entidades del narcotráfico.
La Fiscalía estadounidense explicó que el FBI contactó a Gerardo Ortiz en 2018 para advertirle sobre las sanciones impuestas al promotor Jesús “Chucho” Pérez Alvea, acusado de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El cantante ignoró las advertencias y siguió presentándose. Lo dirigía Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records, quien lo persuadió para evadir las restricciones. Ortiz ofreció 19 conciertos para el promotor sancionado.
El caso encabeza el debate sobre la relación entre la música regional mexicana y la narcocultura. Críticos y analistas han cuestionado este vínculo durante años. Ortiz, conocido por sus corridos, enfrentó denuncias por glorificar actividades ilícitas en sus canciones, lo que polarizó a seguidores y detractores.
El tribunal federal de Los Ángeles procesa a Del Villar y otros implicados. Ortiz actúa como testigo en el caso. Esta situación afecta su reputación y provoca cuestionamientos sobre la ética en la selección de colaboraciones por parte de los artistas. Además, se analiza el impacto de sus decisiones en la sociedad. El caso enfatiza la urgencia de abrir un diálogo sobre los límites entre el arte y la promoción de actividades ilegales.
