Elizabeth Guzmán Vilchis, ex síndica municipal de Ocampo, Michoacán, busca ahora un puesto en el Poder Judicial federal. En abril de 2024, la detuvo la Fiscalía mexiquense por extorsión y contactos con grupos del crimen organizado. Guzmán figura en la investigación del asesinato de Homero Gómez, defensor de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. La familia del activista la señala como la última persona que lo vio con vida.
El crimen de Homero Gómez y las fallas del sistema
En enero de 2020, Homero Gómez asistió a una carrera de caballos invitado por Guzmán. Su vehículo apareció al día siguiente junto al hipódromo. Sin embargo, Homero no regresó a casa. Su cuerpo emergió de un pozo tras 16 días de búsqueda. La fiscalía calificó su muerte como un accidente, pero la familia recibió llamadas de extorsión que apuntan a un asesinato. Las autoridades tardaron en actuar. Esperaron para emitir la alerta y perdieron horas clave. Pese a las llamadas, nunca citaron a Guzmán como testigo esencial. Defensores de derechos humanos denuncian omisiones y falta de transparencia. Quienes trabajan en riesgo aseguran que el crimen organizado influye en la política local.
Riesgo de impunidad y debilitamiento judicial
La organización Defensorxs incluyó la candidatura de Guzmán en su lista de alto riesgo. Temen que su nombramiento como jueza penal agilice procesos a favor de los cárteles. Periodistas desplazados la vinculan con el CJNG y La Nueva Familia Michoacana. Dicen que actuaba como “abogada de la maña” para blindar procesos legales. En Michoacán, varios municipios operan como “fronteras invisibles” controladas por grupos criminales. Ocampo, Zitácuaro y Tlalpujahua son solo algunos ejemplos. Defensores de derechos humanos alertan que un Poder Judicial infiltrado favorecería el tráfico ilegal de madera y drogas sintéticas, y obstaculizaría las investigaciones de desapariciones forzadas.
Conclusión sobre Elizabeth Guzmán
La postulación de Elizabeth Guzmán Vilchis al Poder Judicial expone la urgencia de reforzar los filtros de idoneidad. México necesita jueces sin vínculos criminales. Solo así podrá garantizar justicia a víctimas como Homero Gómez. Las autoridades federales y estatales deben transparentar el proceso y descartar a aspirantes con señalamientos graves. De lo contrario, el Estado seguirá cediendo espacios al crimen organizado.
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