CIUDAD DE MÉXICO — En un paso decisivo hacia la rendición de cuentas, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen con punto de acuerdo para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión integral a los fondos federales transferidos y ejercidos por la administración estatal en Nuevo León.
Detalles de la propuesta impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar
La iniciativa, suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, plantea auditar minuciosamente los contratos de prestación de servicios y la ejecución de obra pública financiados de forma total o parcial mediante transferencias, convenios, subsidios y aportaciones federales durante la gestión del gobernador Samuel García Sepúlveda.
El punto de acuerdo aprobado en el Palacio de San Lázaro destaca la necesidad de examinar con rigor los esquemas de contratación, pagos, subcontrataciones y empresas vinculadas, con el fin de verificar el destino final de los presupuestos asignados al estado.
Señalamientos sobre posibles irregularidades y triangulación de recursos
El documento legislativo recoge señalamientos públicos respecto a presuntas inconsistencias administrativas, entre las que se mencionan sobrecostos, obras no concluidas y posibles triangulaciones de recursosmediante empresas proveedoras y sociedades vinculadas con personas cercanas al mandatario estatal.
Asimismo, el dictamen refiere señalamientos sobre un despacho relacionado con el gobernador y su familia, el cual habría destinado montos superiores a los 81 millones de pesos a campañas de comunicación digital mediante una firma que, simultáneamente, mantenía contratos como proveedora del gobierno estatal.
Acuerdos aprobados por la Comisión Permanente
La resolutiva aprobada por el Congreso de la Unión contempla dos ejes fundamentales de actuación para el órgano fiscalizador:
- Auditoría integral: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emprender una fiscalización exhaustiva sobre los recursos federales ejercidos en Nuevo León, priorizando el análisis de la obra pública y los servicios contratados ante la presunción de sobrecostos.
- Deslinde de responsabilidades: Se solicita a la ASF que, derivado de este análisis financiero, promueva las acciones legales correspondientes o canalice las denuncias ante las autoridades competentes para determinar las sanciones a las que haya lugar.
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