La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, pidió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicite una licencia temporal mientras avanzan las investigaciones contra su ex esposo, Carlos Torres. El pronunciamiento fue difundido por la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, con el respaldo de integrantes de varios sistemas estatales anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con el documento, la solicitud busca proteger el interés público y la confianza institucional, sin prejuzgar responsabilidades ni emitir una condena anticipada contra la mandataria estatal.
Investigación de la FGR contra Carlos Torres
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar, por su presunta relación con una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California. Según la información conocida, la indagatoria inició tras una denuncia anónima. El caso permanece abierto y no existe, hasta ahora, una resolución judicial. Entre los señalamientos se menciona que Torres habría recibido sobornos mensuales de hasta 150 mil dólares para permitir la operación del cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, dentro de la entidad.
Llamado a la transparencia y al respeto al debido proceso
Los firmantes del posicionamiento aclararon que el exhorto no implica una imputación directa contra la gobernadora. Señalaron que se trata de una medida preventiva, basada en principios democráticos básicos. Destacaron el derecho de la ciudadanía a un gobierno libre de corrupción y la necesidad de preservar la legitimidad del ejercicio del poder cuando existe una investigación de alto impacto. Además, solicitaron a las autoridades que el caso se conduzca con celeridad, imparcialidad, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso. El documento concluye que una decisión temporal contribuiría a la gobernabilidad, la confianza pública y el fortalecimiento del Estado de derecho en Baja California y en México.
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