El gobierno de Estados Unidos demandó a Nueva York por obstaculizar los esfuerzos federales contra la inmigración ilegal. La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que el estado prioriza la protección de migrantes en vez de hacer cumplir las leyes migratorias nacionales.
Razones detrás de la demanda
El Departamento de Justicia presentó cargos contra la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general Leticia James y Mark Schroeder, del Departamento de Vehículos Motorizados. Según la demanda, Nueva York notifica a migrantes indocumentados cuando las agencias federales solicitan su información, lo que dificulta su captura y deportación. Bondi argumentó que esta política es inconstitucional y que afecta la seguridad pública. Señaló que los policías en Nueva York tienen prohibido verificar el estatus migratorio de los automovilistas detenidos por infracciones. Esto, según ella, impide a las autoridades identificar posibles criminales entre los migrantes irregulares. Desde que Donald Trump retomó el poder el 20 de enero, ha impulsado medidas más estrictas contra la inmigración ilegal. En un decreto reciente, calificó a las ciudades santuario como refugios que facilitan el crimen. Según su administración, los migrantes indocumentados representan una amenaza significativa para la seguridad nacional.
Refuerzo de operativos en la frontera
Mientras tanto, la Guardia Nacional intensificó operativos en la frontera con México. Autoridades buscan túneles clandestinos utilizados para el tráfico de drogas y migrantes. En Ciudad Juárez, los agentes inspeccionaron la zona del río Bravo tras el hallazgo de un túnel en enero. Según informes, la estructura tenía salida en El Paso, Texas, y era utilizada por el grupo delictivo La Línea. Las autoridades han reforzado la vigilancia en puntos estratégicos para evitar nuevas construcciones ilegales. Los operativos también incluyen el uso de tecnología avanzada, como drones y sensores térmicos, para detectar actividad sospechosa. Además, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trabaja en coordinación con agencias de inteligencia para desmantelar redes de tráfico humano.
Impacto en los migrantes deportados
En respuesta a la política migratoria más estricta de Trump, el Estado de México anunció un plan de apoyo para los deportados. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza una iniciativa que busca regularizar a los repatriados y ayudarles a integrarse en el país. Por su parte, en Veracruz, el sector privado lanzó el programa “Amigo Migrante, México Te Abraza”, ofreciendo 2,000 empleos en restaurantes, zapaterías y tiendas departamentales. Este esfuerzo busca brindar estabilidad económica a los migrantes forzados a regresar a México. En Oaxaca, la policía ha intensificado operativos contra migrantes involucrados en delitos de alto impacto. Durante las primeras semanas del año, las autoridades detuvieron a 22 migrantes centroamericanos por delitos como extorsión, tráfico de drogas y agresiones contra la policía.
Conclusión sobre migrantes
La demanda de Estados Unidos contra Nueva York es un nuevo capítulo en la lucha entre el gobierno federal y las ciudades santuario. Mientras el país endurece su postura contra la inmigración ilegal, México se prepara para recibir a más deportados. Los operativos en la frontera buscan frenar el tráfico ilegal, pero también aumentan la tensión con el gobierno mexicano. El debate sobre migración y seguridad seguirá siendo un tema clave en la relación entre ambos países, con posibles repercusiones políticas y económicas.
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