Elección judicial en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado y grupos sectarios en el sistema judicial mexicano, diversas organizaciones han lanzado una convocatoria nacional para que los candidatos perdedores en las recientes elecciones judiciales impugnen los resultados. La asociación Defensorxs, liderada por Miguel Meza, encabeza esta estrategia, denunciando irregularidades, falta de filtros para los aspirantes y vínculos alarmantes entre los ganadores y estructuras criminales como el narcotráfico o la secta La Luz del Mundo.
Denuncian vínculos con el crimen organizado y sectas religiosas por elección judicial
Miguel Meza reveló que están contactando directamente a los segundos lugares de las elecciones judiciales, particularmente en los distritos donde resultaron electos candidatos con antecedentes preocupantes. Entre ellos destacan una abogada vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, una funcionaria investigada por proteger redes de huachicol, y un candidato detenido por encubrir trata de personas en Yucatán. Organizaciones como Projuc, Laboratorio Electoral y Defensorxs han alertado que esta elección judicial estuvo marcada por una grave inequidad, señalando el uso de “acordeones” como mecanismo de coacción e intervención directa del gobierno federal y Morena. Según los denunciantes, no se respetaron principios democráticos elementales y se permitió que personajes sin la reputación necesaria accedieran a cargos de alto poder judicial.
Impugnaciones en marcha: una oportunidad para el TEPJF
Hasta ahora, ya se han presentado nueve impugnaciones a nivel nacional, mientras que otros expedientes están listos para ser ingresados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las organizaciones involucradas consideran que este tribunal tiene la oportunidad de reivindicarse, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) validara los resultados a pesar de las irregularidades documentadas. Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, afirmó que el TEPJF debe actuar con firmeza y asumir su rol como garante de la legalidad. Aseguró que entregaron pruebas suficientes de cómo las campañas judiciales violaron las reglas electorales, desde el pago de publicidad en redes sociales hasta la operación de mecanismos ilegales como los acordeones.
Influencia política y coacción del voto
Las denuncias apuntan a que hubo una operación coordinada a nivel nacional para manipular el voto, con participación de funcionarios públicos, sindicatos y estructuras del poder. José Mario de la Garza, de Projuc, presentó más de 200 pruebas para sustentar estas acusaciones, subrayando que el sufragio no fue libre ni directo. Además, Miguel Meza cuestionó que las autoridades equiparen “no tener antecedentes penales” con “tener buena reputación”, señalando que en un país con altos niveles de impunidad, este criterio resulta insuficiente. Subrayó que hay candidatos con vínculos comprobables con estructuras delictivas o sectarias, lo que pone en riesgo la imparcialidad de la justicia.
Una lucha por la elección judicial
La estrategia de impugnar a través de los candidatos perdedores representa una vía legal para intentar revertir una elección judicial profundamente cuestionada. Las organizaciones convocantes consideran que el TEPJF tiene en sus manos no sólo la revisión de los casos, sino la posibilidad de restaurar la legitimidad del sistema judicial. Con pruebas en mano y una narrativa sólida de irregularidades, esperan que esta batalla judicial siente un precedente para evitar que la justicia en México quede en manos de intereses oscuros o criminales. La transparencia, imparcialidad y reputación de quienes juzgan al país está en juego.
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