La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa una demanda de México contra fabricantes de armas. El gobierno mexicano los responsabiliza por la proliferación de armamento en el narcotráfico. La demanda busca una indemnización de 10 mil millones de dólares y podría sentar un precedente en la regulación del comercio de armas.
México acusa a fabricantes de fomentar el narcotráfico
Desde 2021, México enfrenta a ocho fabricantes de armas en tribunales. Entre ellos están Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett. También incluyeron al distribuidor Interstate Arms. Argumentan que estas empresas comercian sus productos de forma “negligente e ilícita”, facilitando el acceso de los cárteles a armas de alto calibre. En 2022, un juez desestimó la demanda amparándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). Esta ley protege a los fabricantes de ser responsables por el uso criminal de sus productos. Sin embargo, una Corte de Apelaciones revivió el caso al considerar que existía una excepción en la legislación. Ahora, la Corte Suprema decidirá si permite que la demanda continúe. Su resolución podría marcar un hito en la regulación del comercio de armas en EE.UU.
El impacto del tráfico de armas en México
El gobierno mexicano afirma que el 72% de las armas confiscadas en crimen organizado provienen de EE.UU. Se estima que medio millón de armas cruzan ilegalmente la frontera cada año. Esto fortalece a los cárteles y contribuye a la violencia. México sostiene que las empresas venden rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad sin restricciones efectivas. Como consecuencia, la crisis de violencia ha dejado más de 340 mil asesinatos y 100 mil desaparecidos desde 2006.
Presión política y aranceles como respuesta
Mientras se discute la demanda, la administración de Donald Trump impuso aranceles del 25% a productos mexicanos. Se percibe como presión para que México intensifique sus esfuerzos contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Trump designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto podría justificar intervenciones más agresivas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que ampliará las acciones legales contra los fabricantes de armas, acusándolos de complicidad con el crimen organizado.
Conclusión sobre empresas de armas
La decisión de la Corte Suprema podría redefinir la responsabilidad de los fabricantes de armas. Si la demanda avanza, podría abrir la puerta a regulaciones más estrictas y sentar un precedente global. El fallo final se espera antes del verano y podría impactar las relaciones entre México y EE.UU. en seguridad y comercio.
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