La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una reforma electoral 2025 que plantea modificar 11 artículos de la Constitución. El proyecto ya fue turnado a comisiones para su análisis. El punto más visible de la iniciativa propone reducir el número de senadores de 128 a 96. También plantea cambios en el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional, con el argumento de que no deben depender exclusivamente de decisiones de las dirigencias partidistas. La propuesta no elimina la representación proporcional. Según el documento, busca fortalecer su legitimidad pública y dar mayor peso a la voluntad ciudadana en la asignación de curules.
¿Cómo cambiaría la elección de diputados plurinominales?
La iniciativa plantea eliminar el sistema de listas regionales en el que cada partido registra 40 fórmulas por circunscripción.
En su lugar, propone que:
100 diputaciones se asignen a quienes obtengan los segundos mejores resultados en sus distritos.
100 se definan por votación directa en las cinco circunscripciones regionales.
Además, los mexicanos residentes en el extranjero podrían participar bajo nuevas reglas. El proyecto exige una residencia mínima de tres años fuera del país para aspirar a una candidatura federal. Con estos cambios, la reducción de senadores en México y la modificación del esquema plurinominal se convierten en ejes centrales de la discusión legislativa.
Recorte al financiamiento de partidos y nuevas reglas contra dinero ilícito
Otro componente clave de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum es el ajuste al financiamiento público de los partidos. El proyecto propone reducir en 25 por ciento el presupuesto ordinario que reciben. Actualmente, el cálculo se basa en el padrón electoral y el 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La iniciativa plantea disminuir esa variable a 48.75 por ciento. La Presidenta argumenta que una democracia costosa resulta un agravio en un país con rezagos sociales. Sostiene que el objetivo es fortalecer la legitimidad institucional y no limitar el pluralismo.
El texto también prohíbe de forma expresa el financiamiento extranjero y cualquier recurso de procedencia ilícita. Obliga a partidos, precandidatos y candidatos a reportar ingresos, egresos y operaciones financieras, incluidos activos virtuales. Las aportaciones de personas físicas no podrían realizarse en efectivo. Solo se permitirían transferencias electrónicas, que los bancos deberán reportar a la autoridad electoral. En este punto, el papel del Instituto Nacional Electoral sería clave para resguardar información financiera con carácter confidencial durante los procesos.
Regulación de inteligencia artificial y consultas populares municipales por Reforma electoral
La iniciativa también incorpora reglas sobre el uso de tecnología en campañas. Establece que cualquier contenido electoral modificado mediante inteligencia artificial deberá etiquetarse de manera clara. Las concesionarias de radio, televisión y plataformas digitales tendrían la responsabilidad de identificar y advertir sobre material no etiquetado. La ley secundaria definiría sanciones. El proyecto amplía además los mecanismos de democracia directa. Reconoce el derecho a consultas populares, plebiscitos y referéndums en municipios. Los congresos locales deberán fijar el porcentaje de ciudadanos que pueden solicitarlos, sin superar el 2 por ciento del listado nominal.
Para que los resultados sean vinculantes, deberá participar al menos 40 por ciento de los electores registrados. La reforma constitucional en materia electoral abre un debate amplio. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca modernizar el sistema y reducir costos, partidos y especialistas analizan el impacto en la representación política y el equilibrio institucional. El proceso legislativo apenas comienza, pero el alcance de la propuesta anticipa una discusión intensa en el Congreso y en la opinión pública.
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