La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional con 349 votos a favor y 132 en contra. Esta reforma histórica traslada el control operativo de la corporación desde la Secretaría de Seguridad hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, le concede nuevas facultades: tareas de inteligencia, operaciones encubiertas e incluso la intervención de comunicaciones privadas. La oposición ha denunciado un claro intento de militarizar la seguridad pública.
Guardia Nacional con mando militar y funciones de inteligencia
Con la reforma, la Guardia Nacional pasa a ser una fuerza dependiente de la Sedena, pero con formación policial y tareas permanentes de seguridad pública. A partir de ahora, tendrá facultades para realizar labores de espionaje legal, como la solicitud judicial para intervenir llamadas y comunicaciones digitales, siempre que existan indicios de la comisión de delitos. La ley también autoriza el uso de usuarios simulados en internet, vigilancia masiva en redes sociales y operaciones encubiertas en investigaciones criminales. Todo esto coloca a la Guardia Nacional como un actor central no solo en seguridad física, sino también en el ámbito cibernético e informático.
Oposición denuncia la “ley espía” y militarización del país
Partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron un fuerte rechazo. El diputado Guillermo Anaya del PAN calificó el nuevo marco legal como una “ley espía”, y advirtió que esta medida vulnera derechos ciudadanos como la privacidad. Rechazó que la seguridad pública se construya desde cuarteles militares y reclamó la falta de controles civiles. Por su parte, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, solicitó suspender la discusión para analizarla en un parlamento abierto, argumentando que esta ley “militariza no solo la seguridad, sino la vida pública del país”. Sin embargo, Morena y sus aliados rechazaron la moción y defendieron el dictamen.
Morena defiende el carácter civil del mando
Desde el oficialismo, el morenista Julio César Moreno insistió en que la Guardia Nacional mantiene su esencia civil, ya que responde a una estrategia nacional elaborada por la Secretaría de Seguridad y aprobada por el Senado. En contraste, Ricardo Mejía, del PT, acusó a la oposición de hipocresía por criticar la militarización mientras, en privado, piden la presencia del Ejército en sus estados y municipios. La nueva ley estipula que el titular de la comandancia debe tener el rango de general de división, y será nombrado directamente por la Presidenta de la República, a propuesta de la Sedena. También se autoriza a la Guardia Nacional a firmar convenios con gobiernos estatales para operar en conjunto en tareas de seguridad pública.
Un cambio estructural con división de opiniones por la Guardia Nacional
La aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional. Para unos, se trata de un fortalecimiento institucional frente al crimen organizado. Para otros, es un paso hacia la militarización del país y un riesgo para los derechos civiles. Lo cierto es que, con estas nuevas facultades, la Guardia Nacional se convierte en una de las fuerzas más poderosas del Estado mexicano.
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