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Familia Jensen contrabandeó petróleo mexicano a EU

La familia Jensen—James L. Jensen, Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell y Zachary—traficó crudo mexicano valorado en 300 millones de dólares hacia Estados Unidos. Para ello, adquirieron el petróleo a cárteles locales y encubrieron pagos a través de sus empresas: Arroyo Terminals, LLC; Big Hog Energy, LLC; y Jentran, LLC. Además, alternaron facturas falsas y ocultaron ingresos en cuentas bancarias de Wells Fargo y Bank of America. Gracias a estas maniobras, lograron lavar al menos 47 millones de dólares en beneficio de las organizaciones criminales.

Métodos de transporte y fraude documental

Los Jensen transportaron 2 881 cargamentos de crudo mediante barcazas tanque sin motor propio (AT 3001, AT 2001, AT 1001 y AT 4001). Remolcaron estas embarcaciones por el Golfo de México hacia puertos de Texas. Asimismo, declararon erróneamente el petróleo como “residuos de aceites lubricantes” o “destilados de petróleo” para evadir inspecciones aduaneras. Luego, vendieron el hidrocarburo a empresas industriales como si proviniera de fuentes legales. Con ello, convirtieron el petróleo ilícito en dinero limpio y protegieron el flujo de recursos hacia los cárteles.

Consecuencias legales y decomisos

La Corte del Distrito Sur de Texas acusa a los Jensen de conspirar para lavar ganancias del crudo ilícito. En consecuencia, el gobierno de EEUU busca decomisar todos sus activos: barcazas, camiones Peterbilt 2015 y 2020, un Chevrolet Corvette Stingray 2023, y cuentas bancarias vinculadas. Si los hallan culpables, enfrentarán penas de prisión en Estados Unidos y multas por un monto equivalente al valor del crudo: 300 millones de dólares. Estas medidas enviarían un mensaje claro contra el contrabando transnacional.

Conclusión sobre la familia Jensen

La red de la familia Jensen expone la vulnerabilidad de la cadena de suministro de petróleo y la urgencia de reforzar controles aduaneros y financieros. Además, subraya la complicidad entre corruptos y cárteles que lucran con recursos nacionales. Por tanto, México y Estados Unidos deben coordinarse estrechamente, implementar tecnología de rastreo de cargamentos y adoptar sanciones efectivas. Solo así evitaremos futuros esquemas de contrabando y castigaremos con rigor a los responsables.

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