La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá hacer pública la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa, relacionada con la desaparición de los 43 normalistas en 2014. Con esta decisión, la Corte da prioridad al derecho de acceso a la información, al tratarse de un caso vinculado a violaciones graves de derechos humanos. La resolución se da tras una impugnación por parte de presuntos exintegrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes intentaron evitar la publicación de la carpeta argumentando que ponía en riesgo su seguridad y derechos fundamentales. No obstante, la Corte rechazó sus argumentos.
SCJN prioriza el derecho a la verdad en casos de lesa humanidad
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN respaldó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien argumentó que la información relacionada con delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos no puede mantenerse como reservada. La sentencia obliga a la FGR a entregar una versión pública de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/OI-GRO/000804/2019, iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a publicarla en el micrositio oficial del Caso Iguala. Dicha información deberá ser testada, es decir, protegerá datos confidenciales sin impedir el acceso a los elementos esenciales de la investigación.
Presuntos implicados intentaron bloquear la publicación sobre el caso Ayotzinapa
Tres personas identificadas como Agustín García Reyes (El Chereje), Salvador Reza Jacobo (El Lucas) y Patricio Reyes Landa (El Pato) —presuntamente integrantes de Guerreros Unidos— fueron quienes presentaron amparos para impedir la difusión del expediente. Argumentaron que su vida, integridad y salud podrían estar en riesgo si se hacía pública más información sobre su participación en el caso. Aunque en su momento fueron señalados de haber participado en el secuestro y homicidio de los 43 normalistas, fueron liberados en 2018 por un tribunal que determinó que fueron víctimas de tortura y violaciones al debido proceso. Posteriormente, durante la actual administración, se convirtieron en testigos colaboradores. Sin embargo, el proyecto aprobado por la Corte sostiene que estos argumentos no son suficientes para mantener la confidencialidad, ya que el principio de máxima publicidad prevalece frente a los derechos individuales cuando hay interés público superior.
FGR había argumentado riesgo en la investigación
La propia FGR también se había opuesto a la publicación, señalando que hacerlo afectaría la formulación de la teoría del caso, las vinculaciones a proceso y la sustanciación del procedimiento penal. Argumentó además que revelar información comprometería la integridad de la investigación y vulneraría derechos tanto de víctimas como de imputados. No obstante, la Corte consideró que estas preocupaciones no justifican el ocultamiento de información, pues existen mecanismos legales como las versiones públicas testadas para garantizar el equilibrio entre la transparencia y la protección de datos personales.
Caso Ayotzinapa
La decisión de la SCJN marca un precedente importante en materia de acceso a la información y refuerza el derecho de la sociedad mexicana a conocer la verdad sobre uno de los casos más graves en la historia reciente del país. La publicación de la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa no solo permitirá mayor transparencia, sino que también representa un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas y sus familias. Esta sentencia ratifica que en casos de violaciones graves a los derechos humanos, el Estado no puede guardar silencio ni ocultar información bajo pretextos institucionales.
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