Jueza federal en Cuernavaca, Morelos, ordenó por tercera vez frenar la discusión de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión se suma a las suspensiones previas otorgadas por la misma jueza y otro juez federal en Chiapas.
La jueza Martha Eugenia Magaña López, del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, emitió la suspensión en respuesta a una solicitud de amparo. La medida cautelar impide al Congreso de la Unión continuar con la votación y aprobación del dictamen de la reforma. La jueza argumentó que los juzgadores tienen un interés directo en el asunto, lo que podría comprometer la imparcialidad del proceso.
La reforma al Poder Judicial ha sido un tema controvertido desde su presentación. El presidente López Obrador ha defendido la necesidad de esta reforma para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, sus críticos argumentan que la reforma podría socavar la independencia judicial y concentrar demasiado poder en el Ejecutivo.
La primera suspensión fue otorgada también por la jueza Magaña López, quien pausó el debate en la Cámara de Diputados en respuesta a una solicitud de amparo similar. La segunda suspensión fue emitida por el juez Felipe V. Consuelo Soto en Chiapas, quien ordenó que, en caso de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la reforma no sea enviada a los congresos locales para su discusión y eventual aprobación.
La decisión de la jueza Magaña López se basa en el artículo 53 de la Ley de Amparo, que establece que un juez debe emitir una suspensión cuando se excusa del conocimiento de un asunto. Además, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito ha respaldado esta interpretación, indicando que los actos relacionados con la reforma judicial requieren un trato urgente para evitar daños irreparables.
En resumen, la tercera suspensión de la discusión de la reforma al Poder Judicial refleja las profundas divisiones y preocupaciones en torno a esta iniciativa. Mientras el gobierno busca avanzar con su agenda de reformas, la oposición y el poder judicial continúan utilizando herramientas legales para frenar su implementación.
